La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido este martes a los "sectores independentistas" que manifiestan un "total desprecio" al ordenamiento constitucional que su departamento actuará "ante todos los órganos jurisdiccionales si fuera el caso", es decir, si se siguen incumpliendo las sentencias el Tribunal Constitucional que anulan resoluciones del Parlamento de Cataluña contrarias a la Carta Magna.

Así se ha expresado en presencia del Rey Felipe VI; el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes; el ministro en funciones Rafaél Catalá y magistrados, fiscales, altos representantes del mundo de la Justicia y miembros de las comisiones de Justicia de las Cortes presentes en el Acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

En clara alusión a la cuestión catalana, ha afirmado que "determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia" y que lo que libra a los ciudadanos es "la ley".

Madrigal ha asegurado que, "en un escenario político y social incierto como en el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia moral", tal y como hizo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 2 de diciembre.

La sentencia del TC citada por Madrigal es la que declaró inconstitucional la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña y que ha sido posteriormente incumplida, lo que ha motivado otras dos resoluciones del tribunal de garantías declarando nulos diferentes actos parlamentarios.

Para la fiscal general, lo que hizo el TC en su sentencia es afirmar que "en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución". Ha anunciado que la Fiscalía "ha actuado y actuará" en esta línea "ante todos los órganos jurisdiccionales" penales si fuera el caso.

Ha señalado también siguiendo con las resoluciones del Parlament, que casi todos los discursos "políticos o publicitarios" invocan la libertad, si bien algunos lo hacen "para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia de la democracia".

"Esto sugiere que determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia", ha añadido, para apuntar seguidamente que "no es la libertad lo que libera a los ciudadanos, sino la ley".

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, ha reconocido que "ni la ley ni la constitución son inmutables", y que su vitalidad pueden demandar reformas "sobre las que se imponen el estudio técnico, la reflexión, el debate y el consenso políticos para que las propuestas que finalmente procedan sean realmente las que los nuevos tiempos imponen, o los cambios políticos o sociales demandan".

También ha recordado que la corrupción se mantiene en segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles y que "ha existido siempre, pero no nos enfrentamos ahora aun fenómenos con notas propias que condicionan la investigación y el enjuiciamiento".

Ha alertado asimismo de un nuevo matiz debido a que "grupos criminales organizados a nivel internacional han visto en la corrupción política o administrativa una fuente de beneficios que pretenden acaparar", así como su incidencia también, aunque en menor medida, en el sector privado.

Para luchar contra este fenómeno, ha reclamado una mejora de los cauces de detección de los hechos delictivos, incentivando su denuncia y la colaboración entre los organismos relacionados con la persecución del fraude como la ONIF, AEAT, CNMV, SEPBLAC, Banco de España etc.

Tras ofrecer datos que obran en la última Memoria de la Fiscalía, presentada con ocasión de este acto, Madrigal se ha referido la actual situación política y ha reconocido que "vivimos un momento complejo" y que la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes políticos ha disminuido a lo largo de los años.

"Para hacer frente a esta quiebra, es preciso fortalecer las instituciones y estabilizar ese equilibrio entre la libertad y la igualdad que es propio del Estado Social", ha señalado, para apuntar que desde la Fiscalía reclama a los poderes públicos "el impulso normativo, estatutario, estructural y sobre todo tecnológico" para cumplir su deber.