El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, reclama para la Infanta Cristina multas que ascienden a 2.022.861 euros por contribuir a que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiese defraudar a Hacienda a través de Aizoon, de la que ambos son copropietarios. La petición se suma a los ocho años de cárcel que la entidad solicita para la Duquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

   Mediante el escrito de acusación que el sindicato ha presentado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación pide cuatro años de prisión por cada uno de los delitos contra la Hacienda pública que pesan sobre la Duquesa, y reclama además que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años.

   La letrada de la entidad subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón. "La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda al respecto.

   La letrada de Manos Limpias sostiene así que, con su actuación, la hermana del Rey Felipe VI permitió que Aizoon "sirviera de instrumento para la comisión delictiva", que condujo a la defraudación de hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de Urdangarin durante los ejercicios 2007 y 2008.

   Una defraudación que el Duque llevó a cabo con la "necesaria colaboración" de su mujer, según Manos Limpias, al facturar a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

   "La Infanta Cristina se ha prestado, tanto en su inicio como en
su trayectoria posterior, a que su sociedad sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales de su esposo", añade la abogada, quien apunta a cómo la Duquesa "ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio, y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 por ciento del capital social".

"ACUERDO PREVIO" ENTRE LOS DUQUES PARA

REPARTIRSE LOS BENEFICIOS

   En este sentido, el sindicato señala que "existió un acuerdo previo entre los socios -Urdangarin y la Infanta", en virtud del cual "habrían convenido que el dinero que las rentas del trabajo del señor Urdangarín y percibidas por Aizoon fuera para los socios por mitad, y por eso Aizoon factura y no el señor Urdangarín como persona física".

   "De ahí la razón por la que la Infanta fuera socia al 50 por ciento de Aizoon, cuando dicha sociedad perfectamente podía haber sido constituida de forma unipersonal", abunda la abogada.

   La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades 'pantalla' que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban. De hecho, la mercantil llegó a nutrirse de forma presuntamente irregular de más de un millón de euros de la trama Nóos.

AIZOON, CREADA CON EL "DELIBERADO PROPÓSITO" DE

LUCRARSE

   En este contexto, Manos Limpias recalca cómo Aizoon fue creada "con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación como entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás el Instituto Nóos", además de utilizarse para facturar los "hipotéticos servicios personalísimos" prestados por Urdangarin a las entidades privadas, "sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba obligado a realizar".

   Del mismo modo, la acusación popular apunta que Aizoon participó en el giro cruzado de facturaciones ilícitas entre las distintas entidades que conformaban el entramado societario; hizo uso de los incentivos fiscales legalmente previstos para entidades de reducida dimensión "sobre la base de aparentar falsamente incrementos sustanciales de plantilla", y se utilizó para minorar el pago al Impuesto de Sociedades al cargar a la empresa gastos "estrictamente personales" de los Duques.

   "De este modo, Urdangarin y la Infanta participaban de manera fiscalmente opaca en los beneficios obtenidos por Aizoon, sin verse obligados a incluirlos en sus declaraciones anuales sobre el IRPF como rentas del capital mobiliario, reparto de dividendos, ya que éstos formalmente nunca se repartieron", incide la acusación.

   Finalmente, el escrito destaca cómo la intención del matrimonio pasaba por "crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos socios-cónyuges", toda vez que la participación al 50 por ciento de la Infanta en la mercantil "tenía como pretendidamente objetivo, en palabras del notario que intervino en su constitución, don Carlos Masiá (...), tener un escudo frente a Hacienda".