"El Gobierno español confía en que esas cuestiones, esos flecos, sean aclarados antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores de junio, que es el que debería lanzar la operación", ha reclamado Margallo en la rueda de prensa conjunta con su homólogo de Defensa, Pedro Morenés.

   Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han acordado este lunes establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo aunque dejan claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.

   Margallo ha admitido que los Veintiocho han señalado han subrayado como "cuestiones pendientes" de aclarar antes del lanzamiento de la misión la "base jurídica" y "el tratamiento y gestión de los inmigrantes rescatados", así como "el desembarco, distribución de los mismos" precisando que "la inmensa mayoría" de los emigrantes que tratan de llegar a Europa son  inmigrantes "por razones económicos y no por razones de protección internacional".

CUESTIONA EL SISTEMA DE REPARTO

   El ministro de Exteriores ha reiterado la necesidad de que el peso del criterio del desempleo y del esfuerzo de acogida de refugiados anterior tengan "un peso mayor" en el reparto de demandantes de asilo que el propuesto por la Comisión Europea.

   "Paro y esfuerzo tienen que tener un peso mayor", ha recalcado el ministro, que ha reconocido que no ha obtenido una respuesta a la petición española. "El tema inmigración no ha sido central hoy. Será abordado por los ministros del Interior", ha justificado.

   Según la propuesta de Bruselas, España deberá acoger al 9,1% de los demandantes de asilo que se reubicarán en los próximos meses en todos los países de la UE desde los Estados miembros más afectados por la actual crisis migratoria en el Mediterráneo (en particular, Italia, Grecia y Malta).

   También tendrá que hacerse cargo de 1.549 personas dentro del programa que Bruselas quiere poner en marcha para transferir a Europa de manera segura y legal a 20.000 demandantes durante los años 2015-2016, según el nuevo sistema de cuotas propuesto este miércoles por la Comisión Europea.

   "Se han fijado porcentajes. No se han fijado las cifras definitivas", ha aclarado el ministro, que ha augurado que las cifras anticipadas "se van a quedar muy cortas".

   "No se trata de regatear. Se trata de no crear falsas expectativas. Ningún país puede aceptar en su territorio inmigrantes a los que no puede atender en condiciones de dignidad", ha zanjado el jefe de la diplomacia español.

   El ministro ha insistido en que "el paro es probablemente el criterio más importante para determinar la capacidad de asimilación o integración en condiciones dignas de los emigrantes que vengan a España" y deber ser "superior" al 10 por ciento propuesto por la Comisión, al igual que en el caso del esfuerzo anterior de acogida realizado.

   "Muchas de las personas que vinieron en años de bonanza están en paro y requieren atención especial", ha insistido el ministro, que ha dejado claro que además en este punto se debería tener en cuenta el "enorme" esfuerzo de España para controlar las fronteras externas y reducir el flujo de inmigración irregular. "Lo estamos haciendo para proteger a la Unión", ha recalcado.

ESPAÑA DISPUESTA A PARTICIPAR

   En todo caso, Margallo ha dejado claro que España está dispuesta "a poner los medios necesarios dentro de nuestras posibilidades" y en la medida en que "se nos vaya requiriendo" para participar en la nueva operación. Margallo ya avanzó esta mañana que España pondría a disposición un buque de Acción Marítima con un helicóptero y un avión de reconocimiento.

   También ha dejado claro que España está trabajando "activamente" como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para que el organismo internacional autorice la misión europea al amparo del capítulo VII de la ONU que autoriza al uso de la fuerza aunque ha dejado claro que en el caso de que no la haya "bastaría" para "cumplir los requisitos de la legalidad internacional" una "solicitud expresa de intervenciones por parte de las autoridades libias legítimas".

FASES MISIÓN

   Margallo ha defendido que "no se puede permitir" una nueva "tragedia" en el Mediterráneo y ha recordado que las tres principales fases de la misión consistirán en primer lugar en hacer "un esfuerzo en materia de información" para conocer la situación del tráfico de inmigrantes y de las redes criminales en el Mediterráneo, una segunda fase de "captura y abordaje del navío de los traficantes en alta mar, en aguas internacionales" y "en tercer lugar, la neutralización de tales navíos de las instalaciones complementarias en aguas territoriales, en aguas interiores o en el territorio de Libia".

   El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dejado claro que el problema de la inmigración es "resultado de otras actividades de tipo criminal" que se están produciendo principalmente en la región del Sahel como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el terrorismo y ha defendido que dado que son "mundos que están vinculados" se debe abordarlos con "una visión conjunta" y ha dejado claro que los beneficios sobre todo del tráfico de drogas sirve para "financiar el terrorismo establecido" en la región.

   El ministro ha recordado que la mayor salida de inmigrantes irregulares hace tiempo se producía desde un puerto en Alejandría controlado por un grupo terrorista y una vez perdieron su control "se movieron adonde no había estado".

   "Por eso es tan importante y España está involucrada en crear y generar estructuras indispensables (en países de África) que garanticen lo primero la vida de estas personas", ha defendido Morenés, en alusión a las misiones en las que participa España para entrenar o asesorar a las fuerzas de seguridad de Malí, República Centroafricana o Somalia.