La carta, fechada el 8 de julio, está dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos y está firmada por 22 embajadores, entre ellos los de los países europeos --también España--, así como Australia, Canadá y Japón, pero no Estados Unidos, que abandonó este organismo de la ONU hace un año.

Las fuentes diplomáticas consultadas por Reuters han explicado que no se trata de una declaración o resolución, tal y como reclamaban las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, por el temor de los gobiernos firmantes a la potencial respuesta política y económica de China.

Pese a ello, han destacado el valor de la carta. "Es la primera respuesta colectiva sobre Xinjiang", ha dicho a Reuters un diplomático occidental. "Es un paso formal porque se publicará como un documento oficial del Consejo de Derechos Humanos. Es una señal", ha señalado otro.

En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) ha destacado que se trata de "un movimiento sin precedentes" que demuestra que "Pekín se equivoca al pensar que puede escapar al escrutinio internacional por sus abusos en Xinjiang" porque "la presión solo aumentará hasta que estos atroces abusos acaben.

"Un total de 22 países han señalado a China por su horrible trato a los musulmanes en Xinjiang. Es un paso importante no solo para la población de Xinjiang, sino para al gente de todo el mundo que depende de este organismo de la ONU para hacer responsables incluso a los países más poderosos", ha celebrado el director de HRW en Ginebra, John Fisher.

DETENCIONES "A GRAN ESCALA"

Expertos de Naciones Unidas y activistas denunciaron hace un año que al menos un millón de uigures y otros musulmanes están recluidos en centros de detención en Xinjiang. HRW afirma que son detenidos sin proceso legal y sometidos a un adoctrinamiento político que incluye torturas. El Gobierno chino sostiene que son instalaciones educativas de ingreso voluntario donde se combate el extremismo.

En la carta, los firmantes expresan su preocupación por la existencia de estos "centros de detención a gran escala, así como por la vigilancia y las restricciones, que afectan particularmente a los uigures y otras minorías en Xinjiang".

"Instamos a China a respetar sus obligaciones bajo sus leyes nacionales y el Derecho Internacional y a respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de culto en Xinjiang y en el resto del país", han dicho.

"También instamos a China a abstenerse de realizar detenciones arbitrarias y de imponer restricciones a la libertad de movimiento de los uigures y otros musulmanes y comunidades minoritarias en Xinjiang", han añadido.

Asimismo, han urgido a China a permitir el acceso de expertos independientes a Xinjiang y los centros de detención, entre ellos la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El embajador chino en la sede de la ONU en Ginebra, donde se encuentra el Consejo de Derechos Humanos, dijo el mes pasado que confiaba en que Bachelet pudiera visitar pronto el país. Un portavoz de la ex presidenta chileno confirmó que se estaba negociando.