El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confiado en que "el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña" evitará que se llegue a "una situación de crisis y conflicto" que obligue a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

   En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro ha advertido que si tras los comicios catalanes, el Gobierno de Mas adopta decisiones para las que no tiene competencias, como una declaración unilateral de independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional. En el caso de que incumplieran las decisiones del alto tribunal y siguieran adelante, "es ahí donde pueden surgir delitos de desobediencia y prevaricación".

   En todo caso, Catalá ha cuestionado "el apoyo masivo" de los catalanes al proceso de independencia. "No parece que vaya a haber una mayoría a favor de la independencia", ha precisado y ha indicado que las encuestas apuntan a que la lista única no va a tener "una mayoría suficiente para realizar una actuación en ese sentido".

   En referencia concreta al artículo 155 de la Constitución, que contempla un mecanismo de control extremo, para casos en los que alguna comunidad autónoma incumpla las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las Leyes, el ministro advertido que, aunque "está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho", por lo que hacer uso de esta norma constituye un "escenario teórico y de máximos".

   Para Catalá el artículo constituye un mecanismo para garantizar este cumplimiento de obligaciones cuando se produzca un conflicto institucional. "Ese es el objetivo del 155, es un escenario en un conflicto relevante entre Estado y autonomías y prevee un procedimiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a los gobiernos autonómicos".

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

   Para aplicarlo --advierte el titular de Justicia-- habría que alcanzar "un escenario extremo de incumplimiento de obligaciones". "Eso hay que acreditarlo correctamente, necesita un aval político, una mayoría del Senado que lo apruebe y, a partir de ahí, el Estado central daría instrucciones a las instituciones del Gobierno autonómico para que lleven a cabo las actuaciones".

   En cuanto al momento en que el Estado puede ejercer esta prerrogativa, el ministro recuerda que el mismo artículo ya lo anuncia: "en el momento en el que un gobierno autonómico incumple reiteradamente sus obligaciones por el TC o el propio Gobierno".

   El Gobierno trabaja, no obstante, con la hipótesis de que la controversia no alcance este punto máximo y conduzca a "situaciones de crisis indeseables por parte de todos".

   El escenario que desea el Ejecutivo es el de una convocatoria de elecciones que desemboque en la constitución normal de un Parlamento autonómico. Una vez que la cámara surgida de los comicios inicie su actividad y apruebe leyes, el Gobierno central analizará si éstas respetan la Constitución. Si no lo hacen, serán impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

   El Ministerio de Justicia maneja así un plan que prevé varios niveles de actuación. En el caso de que el Gobierno catalán avance hacia un proceso que pretenda desembocar en la independencia, recurrirá al alto tribunal como primera barrera y dejará para un segundo nivel el recurso a procesos penales.

   "Si alguien avanza en esa dirección se encontrará con la barrera del derecho, la paralización, las impugnaciones...y si hay actuaciones contumaces que pese a todo intenten llevar adelante procesos ilegales puede surgir un proceso penal" por la comisión de delitos de desobediencia y prevaricación.

   Catalá ha puesto el ejemplo de la pseudoconsulta soberanista celebrada el pasado 9 de noviembre.  "Fue un proceso que empezó en una impugnación constitucional. Y eso fue lo que provocó que se interpusiese una acción penal por desobediencia a los mandatos del TC, por parte de la Fiscalía", ha precisado. "El orden de las cosas es de ámbito competencial, un gobierno puede hacer unas cosas y otras no", ha agregado.

HACEN FALTA "MUCHOS PASOS"

   En última instancia, como última barrera, se sitúa el artículo 155. Catalá ha precisado que hacen falta "muchos pasos" para llegar a este  punto y ha confiado en que se encontrarán "medidas y soluciones para las situaciones de tensión".

   Ha reiterado que para recurrir a esta prerrogativa debería producirse "un gravísimo conflicto institucional" lo que no constituye "el normal funcionamiento de las reglas del juego". "Hay que tener la sensatez y prudencia por parte de todos en el debate político para no llegar a este extremo", ha recalcado.

   Catalá confía en que no sea necesario pasar del primer nivel en este sistema de contención desarrollado frente al avance soberanista y que la intervención del TC baste para contener la deriva. "Yo lo sitúo en el ámbito del TC, no ante los tribunales por la comisión de delitos penales", ha precisado.

LA INDEPENDENCIA, DISEÑO DE UNOS CUANTOS

   Además, ha cuestionado que los ciudadanos de Cataluña den su apoyo a los planes de Mas y ha apuntado que las encuestas parecen apuntar que la percepción social catalana y las organizaciones empresariales "cuestionan el proceso".

   "Nuestro diagnóstico dice que esto es fruto del diseño de unos cuantos y no de la mayoría del pueblo catalán", ha dicho. Ha confiado en que, durante la campaña electoral, el PP podrá esgrimir argumentos que harán plantearse a los ciudadanos si su bienestar, el crecimiento económico, el empleo, y los servicios públicos tienen algo de ver con la independencia.

   "Estamos trabajando en el escenario de que se va a producir un proceso electoral, que tendremos que preparar una campaña en Cataluña para transmitir a los ciudadanos que es bueno seguir el modelo constitucional y seguir trabajando juntos, porque son catalanes, son españoles, son europeos y así es el mejor escenario en el que nos podemos ver en el futuro", ha indicado.

   En su opinión, "Cataluña puede tener un desarrollo de su autogobierno y generar condiciones de vida para los ciudadanos sin entrar en derivas e ilusiones independentistas que unos pocos están generando".

EL PSOE, FALTO DE FIRMEZA

   El ministro también se ha referido a la actitud demostrada por el PSOE en defensa de la unidad de España y ha asegurado que los socialistas han dado pruebas "de no tener demasiada firmeza en estos asuntos".

   Ha mencionado, en concreto, las coaliciones formadas por el principal partido de la oposición tras las elecciones municipales. "Se han aliado con cualquiera, aunque estuviesen alejados ideológicamente de su programa electoral y de su programa político, con tal de conseguir el poder", ha dicho y ha agregado que para evitar un triunfo del PP en algunos ayuntamientos "se han unido a fuerzas políticas de radicales, populistas o independentistas".

   En cuanto a la "visión de Estado" del PSOE, Catalá ha recordado que, en el pasado, los socialistas han planteado "que cualquier cosa que viniese de cualquier parlamento autonómico sería aceptada, independientemente de si cumplía con la Constitución o no". "Nosotros no compartimos eso, tenemos firmes convicciones en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. Que lo que vayamos a ser lo decidamos todos los españoles, porque somos iguales", ha dicho.