En esta línea, Hernández Moltó alegó que otras cajas de ahorros han recurrido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), aprobado por el Gobierno en junio de 2009, y que, en situaciones similares a las de CCM, han podido continuar con su actividad.   

Además, Hernández Moltó aseguró que la entidad funcionaba bien y que sus problemas de liquidez fueron producto de la pérdida de confianza derivada de la crisis económica y financiera internacional, que comenzó a finales de 2008.  

  El ex presidente de CCM añadió que el abandono de los consejeros de Partido Popular (PP), un mes antes de la intervención del 29 de marzo de 2009, también perjudicó la reputación pública de la entidad.   

Según las mismas fuentes, Hernández Moltó aseguró ante el juez que él sólo ejercía funciones representativas y no ejecutivas en el cargo que ocupó entre 1999 y 2009. Además, añadió que todas las operaciones que firmó estaban avaladas por el comité de riesgos y aprobadas por el consejo de administración de la caja.

   Respecto a las operaciones de riesgo denunciadas por el Banco de España en su informe enviado a la Fiscalía Anticorrupción, Hernández Moltó reconoció que la inversión en el Aeropuerto de Ciudad Real fue negativa. CCM es el principal acreedor del concurso de acreedores de la sociedad CR Aeropuertos, con 174,8 millones de euros.

   Por otro lado, el ex presidente de CCM negó cualquier responsabilidad en la concentración de riesgos, acumulados por la entidad, con los créditos concedidos a los promotores inmobiliarios Domingo Sanhauja, Ignacio Barco, Amelio González Villarejo y Antonio Sánchez.  

  Por su parte, según las mismas fuentes, el ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, también declaró ante el juez que él sólo tenía funciones representativa y no ejecutivas, tras declarar durante cerca de hora y media. Ambos están imputados por presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.   

Por su parte, el abogado de los seis consejeros del Partido Popular (PP) denunciantes, el ex fiscal Ignacio Gordillo, confirmó que pedirá al juez la práctica de nuevas diligencias como la declaración de varios consejeros y del secretario de la junta de accionistas, entre otros.  

  Los dos antiguos gestores de la caja manchega declararon hoy como imputados ante la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad remitidas por el Banco de España, tras la intervención decretada por el Gobierno el 29 de marzo de 2009.  

  Las conclusiones del organismo supervisor desvelaron una elevada concentración de riesgos en el sector inmobiliario, así como presuntas irregularidades en la concesión de créditos a personas vinculadas al consejo de administración de la entidad.  

  Además, el pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a Moltó ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.  

  El juez concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", según el auto de apertura de la causa.

   El auto del juez recuerda que el día de la intervención, el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias "extraordinarias", avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.   

Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado