En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, imputa al líder socialista cuatro supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio. Al exregidor socialista le imputa los mismos delitos excepto cohecho. Ambos están llamados a comparecer el 31 de julio.

   Los hechos se remontan a 2005, cuando se aprobó el convenio de las torres de O Garañón en el que se garantizaba al promotor que, si la concesión de la licencia no se culminaba --como finalmente ocurrió, tras la denuncia de una asociación local-- sería indemnizado. Besteiro era en aquel momento concejal de Urbanismo del gobierno de Orozco.

   A finales de 2004, el ahora líder socialista compró un piso al propietario de Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, quien pocos meses antes había vendido a un nuevo propietario (R.I.), con el que posteriormente ratificó el gobierno de Orozco el convenio de O Garañón, los terrenos (unidad de actuación CS5) en cuestión.

   En la resolución, con fecha de este mismo viernes, De Lara también cita como imputado a Santiago P.C., arquitecto municipal en el momento de los hechos, al que atribuye supuestos tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Ambos delitos son los que imputa a otros dos técnicos: Covadonga H.H., jefa del departamento de licencias, y a José María G.R., funcionario del departamento de arquitectura.

   Los tres técnicos están citados para el 28 de julio, así como el propietario de los terrenos (R.I.). Además, en calidad de testigo, está también citada a comparecer en sede judicial la mujer de Gómez Besteiro el 21 de julio.

   Besteiro tomó las riendas del PSdeG de manos de Pachi Vázquez en septiembre de 2013. Presidente de la Diputación de Lugo hasta las últimas elecciones locales, a las que no concurrió, aspiraba a ser senador, lo que le otorgaría la condición de aforado, pero el PP bloqueó esta designación al pedir el aplazamiento del pleno.

   Esta situación se produjo en el marco de la negociación conjunta para renovar el Consello de Contas, toda vez que el PP alegó que la propuesta de Xaquín Fernández Leiceaga por parte de los socialistas suponía vulnerar un acuerdo previo según el que los candidatos no tendrían perfil político.

   En las últimas semanas, además, el liderazgo del líder socialista se ha visto tocado tras facilitar un alcalde socialista, el de Becerreá, Manuel Martínez, que el PP recuperase la Diputación de Lugo. Martínez, vetado por los nacionalistas por su condición de imputado, había sido inicialmente apoyado por los suyos como candidato y se negó a retirar su candidatura pese a la orden expresa del aparato del PSOE.

DUDOSA PROCEDENCIA DEL DINERO

   Según el auto de la jueza Pilar De Lara, Besteiro compró el 30 de diciembre de 2004 un piso a A. Q., propietario de Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, un piso ubicado en la lucense Avenida de Ramón Ferreiro, por un precio que el contrato sitúa en 138.232,78 euros.

   El contrato fue elevado a público en mayo de 2005 y, según los datos que le constan al juzgado, el dirigente socialista habría pagado en diciembre 36.000 euros en metálico y el resto hasta sumar los 138.232,78 euros pactados mediante un cheque.

   Al respecto de los hechos, la resolución judicial hace constar varias cuestiones, empezando por el hecho de que una tasación inmobiliaria señala que un piso de las características y en la zona en la que lo adquirió Besteiro en 2005 tendría un valor "de entre 150.000 y 170.000 euros", superior al acordado.

   También advierte que "no consta" la procedencia del dinero que supuestamente Besteiro entregó en metálico e incide en "lo inusual que resulta" que se pague "una cantidad de dinero tan importante en efectivo" en vez de hacerlo, como sería "lo normal", mediante "una transferencia bancaria".

   Tampoco hay "constancia" de la procedencia de los 102.232,78 euros restantes satisfechos para zanjar la compra. "Extrañamente en la escritura pública tampoco se dejó constancia del medio de pago empleado para satisfacer los 102.232,78 euros, ni consta el origen de los fondos", recoge la resolución judicial.

   De Lara remarca que apenas un mes y ocho días después de la adquisición formal del piso por parte de Besteiro y siendo él concejal de urbanismo se firma el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Lugo y R.I., el nuevo propietario de los terrenos de O Garañón. Convenio que recibió su aprobación definitiva, en la jornada de fin de año de 2005.

LICENCIA PARA SÍ MISMO

    Al margen, el auto relata que utilizando el nombre del anterior propietario, A. Q., Besteiro se habría concedido a sí mismo como concejal de Urbanismo una licencia para el piso en cuestión pese a existir "un conflicto de intereses que le habría debido de llevar a abstenerse en la resolución del mencionado expediente".

   Añade que, si bien la petición de licencia era por importe de 9.368,28 euros, finalmente las obras se elevaron a la suma de 52.200,84 euros según la factura emitida por Construcciones Pedrouzo, lo que habría supuesto "un enriquecimiento fraudulento en detrimento de los intereses municipales", toda vez que la tasa a pagar en el Ayuntamiento sería "notablemente superior a los 385,53 euros" abonados.

   "Por cierto, que dicha autoliquidación de tasas fue realizada por A.Q. y no por Besteiro, no constando tampoco que éste ulteriormente hubiera reembolsado (al primero) el importe de tales tasas", apostilla. Además, la factura de Pedrouzo se formalizó cinco años después de las obras, en 2010, cuando estaba en marcha la Operación Carioca, en la que esta firma fue investigada.

DOS PLAZAS DE GARAJE PARA OROZCO

   Por otra parte, el auto también constata por escritura pública del 5 de enero de 2006 (cinco días después de que se aprobara en pleno municipal la ordenación de la unidad de actuación CS5, de las cuestas del parque) que López Orozco compró a Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández dos plazas de garaje en otra promoción que ejecutó en la calle Nicomedes Pastor Díaz, muy cerca de su domicilio.

   El precio declarado de las dos plazas, "notablemente inferior" al tasado en esa zona, fue de 14.400 euros, a 7.200 euros cada plaza, sin constar tampoco en este caso el medio de pago, y que el vendedor confiesa haber recibido antes del otorgamiento de la escritura.

"AUTÉNTICO PELOTAZO"

  Del mismo modo, la jueza pone el foco en el Sanatorio Portela, cuyo terreno fue comprado por Construcciones y Promociones J.Díaz Fernández en 2002 por 3 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio de viviendas y locales comerciales. Finalmente la actuación fue segregada y, previo paso por las manos de Ingapan, acabó en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   De Lara incide en la "elevada plusvalía" obtenida por Ingapan, en que el INE podría haber adquirido directamente de Construcciones J.A. Díaz el espacio por un precio notoriamente anterior y en que, a fecha actual, el instituto ni tan siquiera ha empezado a ejecutar las obras para rehabilitar el espacio "dejando caducar la licencia". Según el auto, esta situación hace pensar en "un auténtico pelotazo".