El magistrado ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima la petición del Instituto Nóos de personarse en calidad de acusación particular, después de que hubiera sido admitida su actuación como acusación popular bajo la dirección letrada de Podemos, que fue el primero en ejercitar esta pretensión.

"No hay base alguna para considerarles como perjudicados --argumenta el juez--, máxime si no concretan más que genéricamente (desmanes) el perjuicio y que desde luego no puede serlo la actuación de Manos Limpias en su acusación por otra u otras causas".

El instructor entiende que tampoco hay "base alguna" para dejar a esta entidad actuar como acusación popular fuera de la dirección letrada señalada, puesto que no puede hablarse de "intereses absolutamente diferenciados" sin explicar de qué otros se tratan.

El informe, al que tuvo acceso Europa Press, del fiscal Daniel Campos rechaza la petición del recurrente por cuanto no ha concretado los delitos sufridos y la acción popular tiene una "convergencia de intereses y fines evidente".

Por su parte, la abogada Virginia López Negrete ha pedido personarse como acusación particular en este procedimiento después de que su nombre haya sido mencionado por algunos testigos, como directivos del BBVA, según informaron fuentes personadas en la causa.

INVESTIGACIÓN SOBRE AUSBANC Y MANOS LIMPIAS

Pedraz investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas --encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas-- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.

Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.

Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua y creen que su relación con Bernad comenzó a raíz del caso 'Blesa'.

Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.