El portavoz de Interior de los nacionalistas vascos en la Cámara Baja, Emilio Olabarria, ha defendido una moción de dos puntos, el segundo de los cuales instaba al Ejecutivo a integrar a la Ertzaintza en las las estructuras policiales transnacionales y a permitir, por tanto, su acceso a las bases de datos internacionales para una efectiva lucha contra el terrorismo, con carácter general, y el terrorismo yihadista, en particular.

   Sin embargo, esta demanda se ha encontrado con la negativa de los dos partidos mayoritarios. El PP, por boca de su diputado Leopoldo Barreda, ha apelado a la reserva constitucional y estatutaria de los servicios policiales para rechazar la reclamación de los nacionalistas vascos respecto a la Ertzaintza.

LA REALIDAD ES OTRA

   Y le ha recordado que en la actualidad existen un intercambio de la información de las policías internacionales que se realice a través de los enlaces que la Policía Nacional tiene establecidos con la Guardia Civil, con la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, ha resumido, la reclamación del PNV "no se corresponde" con la realidad de la cooperación de las policías del Estado del día a día.

   En la misma línea ha ido el argumento esgrimido por el PSOE. Su portavoz de Interior en la Cámara Baja, Antonio Trevín, ha destacado que la Constitución ha reservado esa competencia en exclusividad para la Policía Nacional. "Esto es materia competente del Estado", no de las policías autonómicas, ha insistido Trevín, una afirmación con la que ha coincidido el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán.

   En su moción, el PNV también instaba al Gobierno a dejar de "entorpecer" el ejercicio y desarrollo del Ejecutivo vasco de su competencia de seguridad y, en concreto, de la gestión de la Ertzaintza al "obstaculizar" la convocatoria de plazas en ese cuerpo policial para mantener de forma permanente los 8.000 efectivos que la Junta de Seguridad acordó como necesarios. Este punto también ha cosechado el rechazo del PP, no así del PSOE ni de UPyD.

   Durante la defensa de su texto, Olabarría ha denunciado la "animadversión" y "falta de fe" del Gobierno en la Ertzaintza y le ha pedido que proceda a retirar el recurso interpuesto contra la Resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la suspensión cautelar de la convocatoria de 250 plazas de la escala básica de la Ertzaintza, con el fin de impedir que el envejecimiento de los efectivos impida a este cuerpo policial cumplir su trabajo.

   En nombre del PP, Leopoldo Barreda ha defendido que "lo deseable" habría sido no haber llegado a los tribunales y ha negado que "nadie" trata de "obstaculizar" las sucesivas convocatorias de plazas de la Ertzaintza apuntando que este "desencuentro" se habría podido encauzar si el Gobierno vasco hubiera accedo a reunir a la Junta de Seguridad.

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO?

   Desde Convergència (CDC), Feliu Guillaumes ha denunciado que el Estado ponga problemas a la convocatoria de plazas de policías en un momento en que el terrorismo internacional y el crimen internacional están "in crescendo". "¿Cuáles son las prioridades del Gobierno? --ha planteado--. Pues debería ser la seguridad, y no limitar las competencias de las comunidades autónomas".

   De la misma idea es el portavoz de Interior de la Izquiera Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, quien ha denunciado que haya un "choque" entre la competecia del Estado para dirigir la economía nacional y la competencia autonómica relativa a la Policía autonómica vasca y ha criticado el "empecinamiento" del Gobierno en mantener su recurso contra el auto del TSJPV.

   De su lado, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu ha denunciado la "continua injerencia" del Gobierno central en el ejercicio de las competencias de seguridad y ha aprovechado para criticar la "excesiva" presencia policial en Euskadi pese a ser el territorio del Estado "con menor nivel de delincuencia". "Antes estaba la excusa del terrorismo, pero ¿ahora?", se ha quejado.