En el auto, el TSJG acepta la competencia para conocer los hechos expuestos en tres de los apartados de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en relación a la diputada Paula Prado.

De este modo, los magistrados entienden que los hechos relatados, según señala el TSJG, "pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la administración pública y tráfico de influencias".

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha acordado investigar la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo de 'La Abeja Maya' en 2012.

También investigará la influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia de colocación de empleo, así como la intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.

Por el contrario, según indica la Sala, "no se aprecian por el momento", y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sumarial, "indicios de delitos en los otros tres hechos que se relatan en la exposición motivada" remitida por la jueza de la 'Pokémon'.

EXPOSICIÓN RAZONADA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recibió a finales de junio la exposición razonada dictada por la instructora de la 'Operación Pokémon' en la que justificaba la remisión de la pieza "por si los hechos investigados" en relación a la diputada pudiesen ser "constitutivos de infracción legal".

La exposición motivada remitida por la instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre Prado, a la que hasta el momento no se le ha imputado ningún delito, evidencia sus sospechas de que ésta pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago.

El documento judicial, con fecha del 17 de junio, está conformado por 48 folios. En él la magistrada expone los argumentos por los que, a su juicio, el órgano judicial competente debe investigar a la exportavoz popular.

La Fiscalía, siguiendo el trámite judicial, ha analizado la documentación y ha recomendado que se investigue para comprobar si incurrió en algún ilícito penal.

Entre las cuestiones que plantea De Lara, se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

SUPUESTOS ENCHUFES

Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".

La instructora de la Pokémon entiende que, "independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños".

Considera, además, que "podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos".

Otro asunto en el que incide la jueza es en la supuesta petición de Prado, el 2 de junio de 2012, al exconcejal Albino Vázquez, de que "le permita aparcar su coche privado" en la Praza do Obradoiro "para evitar que se le impongan las correspondientes sanciones".

"BENEFICIO ECONÓMICO" A SU MARIDO

Del mismo modo, De Lara aboga por investigar "influencias supuestamente ilícitas" en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa, para "beneficiar económicamente" a su marido, Francisco Antonio O.I., en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.

Según la exposición motivada, para tal fin podría haber empleado "a terceros intermediarios" a fin de "no involucrar su nombre como proveedor". Además, conforme hace constar la jueza, "éste habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y materiales, del grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", apostilla.

Paula Prado dimitió a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuando la jueza Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".