Así lo han señalado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, en el transcurso de la XLVII Asamblea de la Unión Apprece España y que se ha celebrado en Segovia.

Así, desde Apprece insisten en que el nuevo Gobierno debe respetar el actual estatuto jurídico de las enseñanzas de Religión y de su profesorado, un marco legal que tiene "raíces profundas" y que se asienta en el Estado de Derecho, confirmado por la última sentencia del Tribunal Constitucional.

Además, reclaman que se siga una línea de reformas y no de ruptura para poder seguir conviviendo "en la diversidad y en el respeto" a uno de los "valores fundamentales" de la cultura española y de la humanidad como es la Religión Católica y las otras "confesiones religiosas de la sociedad plural actual".

Apprece ha optado por defender que los horarios de religión, en virtud de la disposición adicional segunda de la LOE-LOMCE, tienen que ser los mismos para toda España, y que están amparados por la Constitución, el Acuerdo sobre enseñanza entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 y los Convenios del Gobierno del Estado con las otras confesiones religiosas (Evangélica, Islámica y Judía) firmados en el año 1992.

"Las Autonomías son Estado y, por tanto, no pueden actuar en contra de dichos Acuerdos, que tienen rango internacional", recuerdan desde la asociación.

Además, puntualizan que el primer pacto educativo en toda la historia de la educación española se acordó por la mayoría de las fuerzas políticas, se firmó en 1978 y recoge el pacto escolar sobre las enseñanzas de la Religión que se refleja en los artículos 16 y 27 de la Constitución Española.

Desde la asociación proponen la mejora en la aplicación de dicho pacto respetando derechos constitucionales, el Acuerdo Iglesia-Estado sobre enseñanza, los convenios entre el Gobierno y otras confesiones religiosas y el estudio de la religión para entender la sociedad "sin radicalismos ideológicos" que, a su juicio, "rompen la convivencia y los puentes para el dialogo entre creyentes y no creyentes" y para que todos apoyen una "laicidad incluyente y positiva", como la que predomina en los Estados modernos.

Además, y ante propuestas de grupos de profesores de Religión que requerirían una reforma constitucional, recuerdan que España es un estado aconfesional lo que significa que no puede enseñar Religión porque "son únicamente las iglesias y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla".

El presente y el futuro de las enseñanzas de religión Confesional y de su Profesorado, continúa el comunicado, ha conducido a la defensa judicial de las horas de Religión en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura que deben completarse con otras actividades educativas cuya habilitación corresponde a la Administración Pública.

Por último, puntualizan ser conscientes de que las mejoras de las enseñanzas de Religión tienen que hacerse "en estrecha relación" con la Jerarquía religiosa y sus representantes, especialmente en todo lo relacionado con la Formación permanente del Profesorado de Religión, para concluir pidiendo que, ante determinados hechos que se están haciendo públicos en algunas autonomías y que, señalan, no ayudan a la dignificación de su profesorado, recomiendan "una mayor coordinación entre los organismos de la Iglesia y de las administraciones públicas".