El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán este viernes ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España, aunque lo más probable es que el juez no tome una decisión hasta pasados unos días.

La vista está fijada para las 14:00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga) y los cinco acusados comparecerán conjuntamente ante el mismo juez, acompañados por un equipo de once abogados belgas.

La sesión se celebrará a puerta cerrada y habrá también un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su decisión varios días hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes.

Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza, aunque fuentes del entorno del expresidente catalán han descartado a Europa Press que su intención sea pedir un aplazamiento, salvo que la Fiscalía bruselense presente datos que "requieran su estudio".

La Fiscalía de Bruselas, que defenderá en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendará su ejecución o no, ha pedido a la Audiencia Nacional información "adicional y exhaustiva" de la "situación penitenciaria" en las cárceles españolas, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes consultadas.

Se trata de un escrito en el que se interroga a las autoridades españolas sobre las "condiciones de encarcelamiento" en las prisiones del país, sobre el "tipo de tribunal" que juzgaría a los cinco acusados en España y sobre el "procedimiento judicial español".

LA DEFENSA ALEGARÁ QUE ES UN CASO POLÍTICO

La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que "sin duda se trata de un caso político" y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están "muy mal formuladas", han explicado a Europa Press fuentes cercanas.

También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España --rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación-- cumplan con el principio de "doble imposición", según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.

Y cuestionarán que ninguno de ellos "encaje" en la definición de "corrupción" que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.

Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Puigdemont y sus exconsejeros son objeto de una petición de entrega "política y abusiva".

"La euroorden se fundamenta sobre el conjunto del proceso político (en Cataluña), desde la campaña electoral y su victoria hasta las decisiones políticas de nuestros clientes", sostuvo Hirsch.

Marchand, por su parte, incidió en la entrevista en que las cinco órdenes son "idénticas" a pesar de que los políticos catalanes reclamados ocuparon distintas funciones en el Govern y llevaron a cabo acciones diversas.

CALENDARIO

Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.

España no es parte en este proceso, por lo que no podrá instar a la Fiscalía a presentar recurso si la sentencia no le es favorable, aunque el Ministerio Público belga consultaría con las autoridades españolas antes de tomar una decisión.

Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.

Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días.

Sin embargo, estas salvaguardas están previstas para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.

Interior tranquiliza a Bélgica: Puigdemont

mantendría en Estremera contacto con su

abogado y se evitarían agresiones

El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga antes de estudiar mañana la posible extradición del expresident catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.

El expresidente ingresaría, de acuerdo a este documento que incluye un dossier de fotografías de las instalaciones, en la cárcel de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su extradición. De este centro se explica que es uno de los más "avanzados" de España, y que el exmandatario podría disponer de celda individual si la pide (salvo riesgo de suicidio prescrito por los médicos) o compartirla con alguno de sus exconsejeros. En Estremera se encuentran Oriol Junqueras y los otros cinco exmiembros del Govern varones.

A Puigdemont se le asignaría una celda que incluye inodoro y una ducha en un espacio con separación, permitiendo la intimidad del interno cuando realice su aseo personal. De ello se da cuenta en una foto en uno de los anexos. La celda dispondrá, además, del mobiliario para dos personas y de las estanterías para guardar sus pertenencias, con conexión para televisión y elementos de comunicación con las oficinas de los funcionarios.

La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utilizan sólo en caso de agresiones violentas), la visita de familiares, las actividades lúdicas, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían, en el caso de los hombres, en la prisión de Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco.

LAS PRISIONES CATALANAS GESTIONADAS POR PUIGDEMONT

Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.

Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".

Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional. La asistencia médica está garantizada las 24 horas.

También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".

AISLAMIENTO SÓLO TRAS ACTOS VIOLENTOS

Como ha ocurrido en el pasado con el rechazo a la extradición de miembros de ETA reclamados por España, Instituciones Penitencias recuerda que "centros tipo" como el de Estremera, con instalaciones modernas y celdas de 11 metros cuadrados, utilizan las celdas de aislamiento "solamente si los internos protagonizan incidentes violentos especialmente graves contra el personal funcionario o contra otros internos".

En las celdas de aislamiento, no obstante, siempre se establece una supervisión por parte del servicio médico, teniendo que haber previa autorización del director del centro y con comunicación "inmediata" al juez de vigilancia penitenciaria.

También se subraya que los internos tienen garantizado el derecho a la defensa pudiendo acceder a sus abogados defensores, o expresamente llamándolos en cualquier momento de la jornada regimental y por el espacio de tiempo que necesiten. Para dar cumplimiento a este servicio, existen los correspondientes locutorios habilitados al efecto.

"¿Puede haber violencia en la cárcel? Y llegado el caso, ¿cuáles medidas son previstas para impedir que los implicados puedan verse confrontados con tal violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel?", pregunta la Fiscalía belga. España contesta que la administración penitenciara "obliga a velar por la vida y la seguridad de los internos", por lo que se prevé la separación de internos no conflictivos de otros previsiblemente más agresivos. Esta medida ya se adoptó con Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros en prisión.

Con este fin, además, se establece una especial vigilancia por parte de los funcionarios, tanto presencial como electrónica, sobre aquellos internos que puedan ser objeto de hostilidad o rechazo por parte de la población reclusa.

El nivel de detalle del documento remitido a Bélgica es tal que, a preguntas del Ministerio Público, explica que el centro penitenciario de Estremera dispone de 1.214 celdas y que, actualmente, hay ingresados 1.071 internos, "lo que evidencia", explican las citadas fuentes, "que no existe sobreocupación". Como apunte final, a modo de nota, se insiste: "Todos los ingresos que se puedan producir tendrían garantizadas las condiciones de detención".