Pero sí ha propuesto que las incompatibilidades en el caso de políticos que quieran pasar a la judicatura sean con "bastante más plazo que las que existen en este momento".

"Me quedé muy sorprendido cuando se da como razón para limitar los aforamientos que los jueces que juzgan a los aforados, es decir Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, son los que tienen menos independencia. Eso es tener muy poco respeto, por parte de Rivera, al Estado de Derecho", ha lamentado el líder popular en declaraciones a 13tv recogidas por Europa Press.

En su programa electoral, el partido de Albert Rivera apuesta por que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por jueces y magistrados hasta que se reforme la Constitución y propone fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados.

"Poner en tela de juicio la independencia del Tribunal Supremo me parece que es de una gran gravedad", ha censurado el líder popular que, no obstante, ha admitido que el tema de lo puede hacer un dirigente político una vez que abandona la política no está "bien resuelto".

"Creo que en el caso de la Justicia habrá que establecer unas incompatibilidades de bastante más plazo que las que existen en este momento"", ha señalado para defender que ocurre lo mismo ocurre cuando se sale de la política y se entra en empresas públicas.

"No parece lógico que si se ha sido ministro de Industria se empiece a trabajar en Iberdrola", ha ejemplificado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

El TS establece que no haga falta permiso

del juez para acceder a datos para identificar

un terminal móvil

El Tribunal Supremo establece en una sentencia que no es necesaria autorización judicial para la captación por la policía de los datos IMEI e IMSI, que permiten identificar un terminal telefónico y su situación concreta en un momento determinado.

La sentencia, que reitera doctrina, se refiere a una condena de 3 años y 9 meses de cárcel impuesta en marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un traficante de hachís cuyos movimientos fueron identificados gracias al acceso a los números IMSI - número único que identifica a una tarjeta SIM- de sus terminales móviles.

La doctrina también es válida para la denominada tarjeta IMEI -que identifica un ejemplar concreto de un equipo inalámbrico, como puede ser un dispositivo BlackBerry).

La resolución, de la que ha sido ponente Julián Sánchez Melgar, señala, no obstante, que una vez obtenido el IMSI sí será precisa la autorización del juez para que la operadora ceda los datos que obran en sus ficheros, que son los que permitirán a la postre conocer el número concreto del terminal telefónico para el que se va a solicitar la intervención.

"Así como la recogida o captación técnica del IMSI no necesita autorización judicial, sin embargo, la obtención de su plena funcionalidad, mediante la cesión de los datos que obran en los ficheros de la operadora, sí impondrá el control jurisdiccional de su procedencia", ya que se encuentran bajo la cobertura del artículo 18.3 de la Constitución.

En este caso concreto se trataba de la información obtenida para detener a un grupo relacionado con el tráfico ilícito de hachís del que sospechaba el Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia en 2009 y que operaba en Huelva.