El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha confirmado este miércoles en la Audiencia Nacional que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro".

Así lo ha revelado Costa durante su declaración en el juicio por la presunta caja 'b' del PP valenciano, la cual ha comenzado diciendo que, "después de una profunda reflexión", quiere "contar la verdad" sobre el sistema de financiación del PPCV y "colaborar con la justicia" en la misma línea que han confesado los líderes de la Gürtel.

Y así ha sido después de que el 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, y su 'número dos', Pablo Crespo, afirmaran también en este juicio que fue Costa el que les indicó que si "querían cobrar" los servicios prestados por Orange Market, debían facturar a terceros empresarios. Nueve de éstos reconocieron los hechos.

DOS VÍAS DE FINANCIACIÓN: UNA LEGAL Y OTRA ILEGAL

Costa ha dicho que las campañas del PPCV en 2007 y 2008 se financiaron a través de dos vías: la primera, con las subvenciones públicas que tienen asignadas todos los partidos con representación parlamentaria; la segunda, "con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano", de modo que "es cierto que el PPCV se financiaba con dinero negro".

Y a raíz de lo también declarado en el juicio por el que fue responsable de Orange Market Álvaro Pérez 'El Bigotes', que apuntó hacia un escalón más alto al citar a Francisco Camps como el exdirigente que instauró este sistema, Costa lo ha confirmado asegurando que "las decisiones más importantes" sobre las campañas las tomaba el expresidente en su condición de líder del PPCV y candidato a la reelección.

Según Costa, fue Camps, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PPCV se financiase "con dinero negro" para poder sufragar los actos. Y sobre la contratación con Orange Market, ha precisado que también fue decisión de Camps: "Me lo comunica el señor Pérez, aunque después hubo una comunicación oficial por los cauces del partido".

Costa ha remarcado que ninguna de estas decisiones fue aprobada por el partido: "No se aprobó por ningún órgano de partido que se contratase con Orange Market ni ningún presupuesto. Cada acto tenía un coste y los responsables de Orange Market hicieron sus cuentas y el coste se supo al final. No me extrañó, pero no era el procedimiento establecido en los estatutos", ha explicado.

Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el PPCV pagó a Orange Market 3,4 millones de euros en actos electorales y otro eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuales 1,2 millones cargaron a los empresarios.

COMPLEMENTOS EN NEGRO EN LA PLAZA DE TOROS DE

VALENCIA

En el relato de esas campañas, Costa ha mencionado uno de los actos electorales más conocidos: el de la plaza de toros de Valencia en 2008, con Mariano Rajoy como candidato a La Moncloa. En este acto, y por "petición expresa" de Camps, el PPCV pagó con dinero negro "complementos" como fuegos artificiales, una banda de música o pantallas.

A lo largo de su declaración, y según iba relatando hechos concretos en los que él conocía y participaba de este sistema de financiación irregular de su partido, Costa ha admitido que no lo impidió, que omitió su "obligación de denunciarlo" y está dispuesto a asumir su "responsabilidad".

Es más, al finalizar su exposición, el acusado ha mostrado su "arrepentimiento", ha pedido "perdón a la sociedad española y valenciana" y también a su familia, por las "consecuencias" que van a sufrir tras su confesión. También ha dicho que nunca se lucró con las irregularidades relatadas y que está de acuerdo en la pena que la Fiscalía pide para él, siete años y nueve meses por tres delitos electorales y uno de falsedad de documento mercantil.

Según Costa, él tuvo conocimiento de este sistema de financiación irregular en 2005 y que ya fue en 2007 cuando el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le comunicó que tanto Camps como Cotino le habían encargado "tener relaciones con los empresarios que financian al partido", mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Esto ocurrió antes de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2007 y, según Costa, se quedó "tan preocupado" que se desplazó a la sede nacional del PP en Madrid, donde el entonces gerente, Luis Bárcenas, le contestó que esa forma de financiación era una "práctica prohibida en el PP porque sería un 'Filesa 2'", por lo que Costa volvió a Valencia y se lo comunicó a Campos para que éste informase también a Camps.

MANDÓ A 'EL BIGOTES' A LA VICEPRESIDENCIA

Al finalizar la campaña de 2007, ha explicado Costa, 'El Bigotes' le dijo que la deuda del PPCV con Orange Market rondaba el millón de euros, pero el partido no disponía de esa cantidad, por lo que se lo comunicó a Campos, quien al cabo de un mes le devolvió la llamada para decirle que ya disponía de "algo de dinero en efectivo de los empresarios". Costa envió a 'El Bigotes' a la Vicepresidencia de la Generalitat para recogerlo.

En esa llamada, el exvicepresidente también le comunicó que iba a dejar el cargo y que a partir de entonces lo ocuparía Vicente Rambla. A juicio de Costa, Campos sufría mucha presión por la gestión de todas estas irregularidades y que éste fue el motivo por el que sufrió un infarto y acabó dejando la política.

Ese mismo verano se volvió a repetir el sistema de financiación descrito por Costa, ya con Rambla como vicepresidente, quien le comentó que había hablado con Álvaro Pérez y le pidió que fuese a "recoger unas cantidades en efectivo a empresas", concretamente tres sobres: 150.000 euros de Rover Alcisa, 15.000 euros de Secopsa y 350.000 euros de Enrique Ortiz. A continuación, citó al 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo, para entregarle todo este el dinero, por lo que así "quedó saldada la deuda de la campaña".

A cambio de todas estas gestiones, Costa ha reconocido la entrega de un reloj de la marca Breitling por parte de 'El Bigotes', pero ha asegurado que lo rechazó. De hecho, ha señalado que Álvaro Pérez le comentó que estaba "muy extrañado" de que en el PPCV no hicieran "ninguna petición" a cambio de adjudicar trabajos a Orange Market.

"GASTOS DE PRENDAS DE VESTIR" DE CAMPS

No obstante, en otro momento ha relatado otro episodio en el que, según su versión, la trama de corrupción pagó "gastos" a Francisco Camps. Costa ha indicado que en una reunión con Pablo Crespo y 'El Bigotes' le preguntaron si una de las empresas de la trama podía emitir al PPCV una factura por valor de 20.000 euros para "pagar gastos de prendas de vestir" del presidente, lo cual a Costa le pareció "desproporcionado".

Mientras que la campaña de las elecciones autonómicas corre a cargo del PPCV, Costa ha explicado que las municipales son "exclusivas" de la dirección general, pues es la que hace las "transferencias de dinero público" --las subvenciones que recibe como partido con representación parlamentaria-- a las sedes provinciales para que organicen sus actos.

Sin embargo, ha señalado que eventos electorales en "diversos municipios fueron pagados mediante facturas a empresarios o aportaciones en efectivo", y ha puesto los ejemplos concretos de Alicante, Castellón o Elda.

PSPV, Compromís, Podemos y Cs piden a

Camps que deje el CJC y el PP dice que es

"una decisión personal"

Representantes de los grupos parlamentarios PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han reclamado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC), del que forma parte en calidad de 'expresident', tras la declaración del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, mientras el PP ha indicado que si dimite o no es "una decisión personal".

Así lo han indicado en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts Valencianes tras la declaración de Costa, que ha afirmado en el juicio por la presunta financiación ilegal del partido que fue Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Precisamente, Compromís ha presentado una proposición no de ley, que ha sido firmada por todos los grupos a efectos de tramitación, en la que se pide la dimisión de Camps como miembro del CJC y reformar la ley que regula el Estatuto de expresidentes. El PP ha presentado una enmienda, aunque por el tipo de iniciativa los letrados de la cámara deberán decidir si se puede incorporar al texto.

El portavoz de la coalición, Fran Ferri, ha explicado que es "una vergüenza democrática" que Camps continúe asesorando al Consell desde el CJC y ha lamentado que la enmienda del PP a su texto "se carga toda esa parte" en la que se pide la dimisión, por lo que en caso de que sea debatida, no la aceptarán. "Les pido que sean valientes y se sumen", ha dicho, para explicar que esta iniciativa no tiene vinculación jurídica y se trata de un gesto reprobatorio de la Cámara.

EL PP QUIERE "LLEGAR AL FONDO"

Por su parte, la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, ha explicado que su enmienda pide instar al Consell a modificar las leyes de creación del CJC y del Estatuto de expresidentes. "Hagámoslo, ¿queremos llegar al fondo? Esa es la propuesta del PP con toda la tranquilidad del mundo, sin complejo, sin miedo. Hay grupos a los que no les gusta, ¿por qué no?", ha preguntado.

Asimismo, ha explicado que antes de firmar la tramitación de la iniciativa de Compromís han acordado introducir la enmienda en el debate, ya que "el poder o no de meterla es cuestión del acuerdo de todos los grupos", y si los acuerdos no se cumplen tomarán una decisión. No ha querido desvelar cuál será el sentido del voto en esta cuestión, pero ha indicado que "no se atreven" a aceptar la reforma que plantean los 'populares' porque "en un año y medio Puig va a ser expresidente".

Ortiz ha señalado que Camps "no ocupa ningún puesto que tenga que ver con el PP" y, por tanto, si dimite o no "es una decisión personal". "No tengo nada que decir sobre si tiene que abandonar el CJC, no está bajo la responsabilidad del PP", instando a preguntar a la presidenta de este órgano su parecer.

"TIENE QUE SALIR ESCOPETADO"

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha aseverado que Camps "tiene que salir escopetado" del CJC porque es un "Molt Miserable" según las últimas revelaciones pero también ha pedido no realizar una "presunción de choricismo de toda la clase política" y "no satanizar a todos los presidentes".

"Que no se nos vaya a todos la pinza", ha incidido, recordando que los expresidentes tienen una consideración "por lo que han sido" y ante el régimen estricto de incompatibilidades al que están sometidos, por lo que la ley del Estatuto de expresidentes "es mejorable seguro" pero con criterios "razonables".

APORTAR EXPERIENCIA EN EL CES

Precisamente, Podemos ha presentado una nueva propuesta para modificar esta ley en la que, entre otras cuestiones, plantean que "no tiene justificación la oficina de expresidentes" y que su salida no sea al CJC, sino al Comité Económico y Social (CES) para que puedan "seguir aportando su experiencia", sin retribución, además de que las Corts dispongan de mecanismos de revocación de cargos de representación institucional condenados por sentencia firme, ha explicado su portavoz adjunta, Fabiola Meco, que ha recordado que Camps tiene pendiente una causa por Valmor.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha incidido en que Camps representa "un perfil del todo indigno para trabajar desde cualquier institución relacionada con la Comunitat Valenciana" y "es tanto el daño que ha hecho que no puede quedarse ni un minuto más en el CJC".

"Es responsable de todo lo que ha pasado aquí, es indigno, la mujer del César no sólo tiene que ser digna, sino parecerlo", ha concluido.