En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el antiguo diputado autonómico solicita también los interrogatorios del extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristobal Páez, la gerente nacional Carmen Navarro, el ex delegado de Gobierno Serafín Castellano, el ex  vicepresidente de la Generalitat Victor Campos, el presidente del PP de Valencia Vicente Betoret  o el exconsejero de Justicia Fernando de Rosa, entre otros.

   Costa reclama su absolución a la Audiencia Nacional, al defender que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en la "gestión ordinaria de la tesorería" de la formación, ni en las elecciones municipales ni autonómicas, así como tampoco tuvo delegadas funciones económicas dentro del partido.

   "Los gerentes del partido dependen de la secretaría general del PP nacional al igual que todos los funcionarios del partido, siendo el PP nacional quien se encarga de su contratación y dependen orgánicamente de la gerencia nacional", señala, para incidir en que fue el partido a nivel nacional el encargado de administrar y coordinar las campañas de 2007 y 2008.

   "Ricardo Costa en estas elecciones ni autorizó pagos ni contrató ningún tipo de medio o soporte para el desarrollo de actos electorales, ya ni era su función ni podía llevarla a cabo", destaca, para añadir que la ausencia de responsabilidades económicas por su parte queda acreditada en las declaraciones de 'populares' como María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez en distintos procedimientos.

   Dicho esto, la defensa de Costa expone que el PP de la Comunidad Valenciana no realizaba una contabilidad independiente, sino una "consolidada" a nivel nacional. De esta forma, una vez efectuados los asientos contables de la organización territorial de la formación, se remitían las cuentas a Madrid para su consolidación, en atención a la "estructura única del partido, con un único CIF, para todo el Estado".

   Finalmente, pone de relieve que la empresa de la trama Gürtel, Orange Market, mantenía contratos con el PPCV desde 2002, es decir,  cinco años antes de su llegada a la vicesecretaría general. Por todo ello, Costa niega haber cometido delitos electorales ni falsedad en documento mercantil.

   Costa insta al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a reclamar a Génova el certificado acreditativo de Gerencia Nacional, en el que conste información sobre los pagos y quién nombra a los gerentes de las estructuras territoriales, qué funciones y dependencia tienen estos.

UNA VEINTENA DE ACUSADOS EN EL BANQUILLO

   Costa se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

   Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

   El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

   La empresa de la trama Orange Market en 2004 intervino en la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

   Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".