El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, y a otras seis personas --entre ellas los presuntos cabecillas de la red Francisco Correa y Pablo Crespo-- por haber intermediado en la firma de tres contratos con la trama en relación con el 'stand' que este organismo montó en 2004 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

   Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press en el que el magistrado atribuye a los siete imputados un posible delito continuado de prevaricación por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa del municipio.

   El juez cita a declarar el 28 de abril a Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".

   También comparecerá ese mismo día el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados".

   Al día siguiente Ruz interrogará a los dos presuntos cabecillas de la trama y a sus empleados Isabel Jordán y Javier Nombela, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".

"NUMEROSAS IRREGULARIDADES"

   La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez Ruz a comienzos de marzo en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban "numerosas irregularidades".

   En concreto, el Instituto pagó 162.806,37 euros a Special Events por el montaje y gestión de un 'stand', así como sendas partidas de 39.366,92 y 11.855,08 euros a  Down Town Consulting por la organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez.

   Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas".

   Además, habrían llevado a cabo "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abino de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".