El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los once presuntos miembros de la red de corrupción 'Pretoria', que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, y les ha impuesto fianzas por un importe de 102,6 millones de euros por las multas a las que podrían ser condenados.

   Entre los acusados se encuentran dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, al que se impone una fianza de 18,3 millones de euros; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, que tendrá que depositar 13,7 millones. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y diez meses de cárcel.

   La fianza más alta será afrontada por el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias 'Luigi', que tendrá que depositar 30,1 millones de euros y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel.

DIEZ DÍAS DE PLAZO

   En su resolución, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 da un plazo de diez días a los acusados para que presten las fianzas acordadas y les advierte de que, si no lo hacen, serán embargados. En este periodo de tiempo también tendrán que presentar sus escritos de defensa.

   Entre los acusados también se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, que se enfrenta a una petición de seis años y diez meses de prisión y tendrá que prestar una fianza de 5,6 millones de euros; y el exconcejal de Urbanismo del municipio Manuel Dobarco, que podría ser condenado a un año de cárcel y tendrá que depositar una caución de 5,5 millones.

   Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho  y blanqueo.

   El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y fianza de 2 millones) y Manuel Carrillo (3 años y 25.920 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 8,1 millones)  y Philip McMahann (3 años y seis meses y 5,6 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 840.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 12,6 millones).

"ESTRECHA RELACIÓN CON PUJOL"

   La Fiscalía Anticorrupción apuntaba en su escrito de acusación provisional, hecho público el pasado 29 de diciembre, que Alavedra y Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".

   A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", según el Ministerio Público, "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".

   Además, la Fiscalía señala que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ello, utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.

OPERACIONES URBANÍSTICAS

   El Ministerio Público también sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.

   Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.

   Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.