Así lo han manifestado este jueves en la Diputación Permanente del Congreso durante el debate sobre si el ministro debe comparecer en la Cámara Baja para explicar su posición respecto al carbón y que han solicitado tanto el PSOE, la Izquierda Plural, como el Grupo Mixto. 

  Antes de comenzar el debate, el presidente del Congreso ha señalado que el ministro va a comparecer en la Cámara Baja por lo que ha solicitado que se tuviera en cuenta a la hora de debatir esta cuestión. Más tarde, el portavoz adjunto del PP confirmaba que el ministro comparecerá en el Congreso para explicar "qué es lo que ha sucedido y lo que cree para el futuro del carbón". "No se va a ocultar", ha apostillado.

   Tras lamentar los enfrentamientos producidos en las manifestación de los mineros de ayer, Hernando ha recordado que el Plan de cierre de la minería es el remitido por el anterior Gobierno socialista a Bruselas.

   Hernando ha subrayado que en el desarrollo de los cuatro planes del carbón se han invertido un total de 23.107 millones de euros. Además, ha recordado que desde 1990 hasta ahora se ha pasado de 46.000 a 4.300 empleos en las 15 empresas mineras.

   "Están falseando la realidad diciendo que hay un recorte del 63 por ciento", ha señalado Hernando que a pesar del recorte a las ayudas del carbón se va a aportar "193 millones de euros" lo que supone "45.000 euros por trabajador".

   "Aquí lo que hay es una presión de la patronal y de los empresarios alguno de los cuales ha recibido 2.100 millones de euros para sus empresas", ha señalado el diputado "popular" para acusar al presidente de la patronal minera, Victorino Alonso, de "reventar" la mesa de seguimiento del Carbón al reclamar las subvenciones comprometidas, lo que ha calificado de "chantaje".

 CASCO MINERO

   Por el Grupo de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares, que acudió al debate llevando una camiseta y un casco minero en defensa del sector, ha reclamado al ministro de Industria "que apague el fuego y respete el pacto que tiene fuerza de ley" y que el Gobierno "ha roto de manera unilateral".

   Llamazares ha lamentado que el recorte del 63 por ciento a las ayudas al carbón supone "echar al calle a miles de trabajadores en unas comarcas de difícil reindustrialización" y ha considerado que el presupuesto para minería es "inviable".  

  "Después de meses de conflicto y más de 40 días de encierro que dé la cara de una vez el ministro de Industria porque hasta ahora salvo alguna respuesta parlamentaria no ha explicado a la Cámara y a la ciudadanía cuál es la razón para la amputación de un sector tan importante para la minería", ha añadido.

   Por otro lado, Llamazares ha subrayado que no es aceptable en ningún caso la violencia y ha denunciado que en las comarcas mineras se vive una acción desproporcionada y al margen de la ley por lo que ha reclamado también la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

   "Los cohetes no son aceptables como fórmula de lucha, pero tampoco es aceptable como fórmula de seguridad ciudadana entrar en las viviendas, apalear a los mineros y acusar a quienes denuncian los apaleamientos de atentado a la autoridad eso se está haciendo hoy en las comarcas mineras de este país", ha denunciado.

 GESTIÓN CATASTRÓFICA

   Por su parte, la diputada socialista por Asturias, María Luisa Carcedo, ha defendido que el carbón es una fuente energética "segura, fiable y de gran capacidad de potencia energética", al mismo tiempo que ha recordado que existe una dependencia del 77 por ciento cuando "en este país existe carbón y posibilidad de explotación".

   "Los pozos que se cierren no se van a volver a abrir y con este presupuesto están en riesgo y la reserva estratégica se acabaría. Que nos explique cuál es su propuesta energética para este país", ha añadido Carcedo.

   Asimismo, ha solicitado la comparecencia del ministro del interior porque el conflicto ha tenido, a su juicio, una gestión "catastrófica" cuando necesita "cordura y templanza y no demonizar a un colectivo que por las calles de Madrid han demostrado como saben organizarse".

   Desde CIU, el diputado Antoni Picó, ha considerado que el Gobierno no ha impulsado "ninguna medida" que permita una transición en la actividad económica de las comarcas mineras por lo que considera oportunas las solicitudes de comparecencia.

   En la misma línea se ha manifestado Amaiur, que ha considerado que las solicitudes de comparecencia están "plenamente justificadas" por el conflicto laboral surgido y por el inesperado recorte que pone en riesgo el futuro de miles de trabajadores y que debe tratarse "con celeridad".  

  Tras los enfrentamientos en las movilizaciones mineras y los conflictos en la localidad de Ciñera (León), "no estaría de más" que el ministro del Interior explicar esta actuación y "las medidas que tomará para que no se vuelvan a repetir estos hechos".