La número dos de Podemos en Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asistido a la manifestación para mostrar su apoyo contra la privatización del Registro Civil, que hasta ahora ha sido "completamente público". "Ahora por hacer gestiones como inscribir a un hijo, solicitar un certificado de defunción para poder hacer una herencia u otras cosas que son derechos constitucionales, como el matrimonio, habrá que pagar una tasa fija de entre 300 y 500 euros", ha declarado Ruiz-Huerta.

   Ruiz-Huerta ha criticado que estas acciones "son las que más ha llevado a cabo el PP, en el sentido de que, una vez agotado el modelo del ladrillo, a lo que se han dedicado es a desmantelar y vender los servicios públicos". "Nuestro compromiso desde Pdemos es estar con la ciudadanía y con la defensa de los servicios públicos, entre ellos la justicia, que es un servicio público fundamental y esto es un paso más en la privatización de la justicia, al igual que lo fue la Ley de Tasas", ha añadido.

   La número dos de Podemos en Madrid ha señalado que la privatización del Registro Civil "va a impedir el acceso al ejercicio de este tipo de derechos que son fundamentales para cualquier ciudadano", y ha insistido en que estos derechos "son obligatorios en muchas ocasiones, como solicitar la nacionalidad para los extranjeros", para lo que va a haber que pagar una tasa, hecho que "impide el ejercicio de acceso a la justicia y a la tutela judicial".

   El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán, ha resaltado que esta vez "han sido los funcionarios de justicia del Registro Civil quienes han querido decirle a Catalá que basta de privatizaciones". "Somos perfectamente capaces los funcionarios de justicia para llevar a cabo y para gestionar y mejorar el servicio público del Registro Civil", ha manifestado.

   Además, Jordán ha declarado que "esto del servicio civil gratuito que promete Catalá no se lo cree nadie, ni los propios registradores". "Hay un gran número de registradores que están en contra del modelo que les quieren imponer y para el ciudadano a corto plazo significa que va a tener que pagar por este servicio", ha aclarado.

   El portavoz de CSIF ha afirmado que "se va a pagar a unas personas que, si bien formalmente son funcionarios públicos, en su forma de trabajar son empresarios", ya que "contratan a personal, tributan por IVA, y cobran por el servicio que prestan", ha recalcado.

   Asimismo, ha criticado que Gallardón y Catalá digan que los datos van a estar más protegidos, cuando Jordán no lo considera "cierto". "Eso supone un desprecio a 144 años en los que los datos los hemos gestionado los funcionarios de justicia", ha aclarado.

   Por otro lado, la gestora procesal y administrativa del Registro Civil de Málaga, Mª Del Mar García Villalba, ha afirmado que "detrás de esta privatización hay razones económicas y políticas". "El motivo de privatizar el registro es sacar dinero con esa plataforma", ha declarado.

   García Villalba ha recalcado que "la excusa para privatizar es una plataforma que se ha creado previamente y que no ha salido a concurso público".

   García Villalba ha declarado que "nuestros datos personales, que son los más importantes desde que empieza hasta que acaba la vida de una persona" no tiene sentido que estén en manos de personas privadas. "El mayor negocio, a parte de la plataforma, son nuestros datos personales", ha añadido.

   En esta línea, CC.OO. ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Parlamento una proposición de ley que rechaza esta modificación, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio. En dos semanas se han recogido miles de firmas entre la ciudadanía, según el sindicato.