El jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, ha pedido este miércoles en un foro de ciberseguridad más recursos para hacer frente a esta amenaza, poniendo como "el mejor ejemplo" lo que ha llamado "organización criminal en la sombra" encargada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña.

En una ponencia en las XI Jornadas de Ciberseguridad organizadas en Madrid por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), organismo dependiente del CNI, este mando de la Guardia Civil ha lamentado que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional no incluya la ciberdelincuencia como una amenaza equiparable al terrorismo o al crimen organizado, lo que ha relacionado con la falta de denuncias de las víctimas de esta modalidad de delito.

"El mejor ejemplo de organización criminal lo hemos visto en octubre", ha dicho tras lamentar que la UCO cuente con sólo 30 expertos en esta materia y la Policía Nacional "un poquito más". "Una organización criminal en la sombra puso en jaque al Estado con la organización del referéndum ilegal y fuimos nosotros, dentro del dispositivo de Guardia Civil, los que acabamos con todo el sistema tecnológico del famoso voto electrónico o el censo electrónico universal", ha señalado.

"Al final se necesitan esas unidades de investigación de ciberdelincuencia para poder acabar con esas organizaciones delictivas", ha continuado el teniente coronel de la Guardia Civil, que en varias ocasiones ha insistido en la importancia de presentar denuncia: "Lo que no se denuncia no existe".

"El primer paso es reconocer la existencia de la ciberdelincuencia como amenaza con entidad propia, no como algo generalizado o de la campaña de Navidad", ha comentado.

Según los datos expuestos por el responsable de la UCO, la ciberdelincuencia aumenta en torno al 10% anualmente, con empresas y menores entre sus víctimas más recurrentes. "Lamento reconocer que no aparece como una amenaza", ha dicho en referencia a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el pasado 1 de diciembre, insistiendo en que se trata de una "asignatura pendiente" en España.

El teniente coronel ha reclamado mayor inversión y ha hecho un llamamiento para que las víctimas confíen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de presentar denuncias. Sería el paso previo, en su opinión, para captar financiación a través del fondo de ocho millones de euros anuales que destina la Comisión Europea para luchar contra esta tipología de delito.

"Está claro que tenemos un problema", ha lamentado el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, que en su ponencia ha hablado de un caso real -sin citar nombres-- de una empresa española que fue perjudicada por una organización criminal que, haciéndose pasar por una empresa interesada en contratar a empleados de la española, consiguió robarle información sensible, con lo que terminó perdiendo un contrato de tres millones al que aspiraba en un país de Oriente Medio.

La fuga de empresas de Cataluña supera ya

los 3.000 traslados desde el 1 de octubre

Un total de 3.004 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 12 de diciembre, si bien el ritmo de salidas se ha desacelerado en las últimas semanas y el martes se produjeron solo 22, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

De esta forma, la fuga de empresas de Cataluña ha sobrepasado la barrera de los 3.000 traslados en apenas dos meses y medio desde la celebración del referéndum de independencia en la región, si bien los traslados han disminuido en las últimas semanas desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre en la comunidad autónoma.

El número de salidas se mantuvo por debajo de las 30 diarias durante la última semana de noviembre y, aunque los días 30 de noviembre y 1 de diciembre repuntó hasta los 34 y 31 traslados, respectivamente, la semana pasada volvió a disminuir al marcar 24 traslados el lunes 4, 23 el martes 5 y 18 el jueves 7.

Además, este lunes registró su mínimo en el periodo, con solo 16 traslados, aunque ayer, martes, se elevó a 22, a apenas dos semanas de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

En cualquier caso, la fuga de empresas de Cataluña continúa su desaceleración, en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha solicitado varias veces que las sociedades permanezcan en la región, tras la normalización institucional propiciada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De hecho, el mes de noviembre cerró con 894 traslados de sede social desde Cataluña a otra parte de la geografía española, frente a los 1.982 del mes de octubre. En lo que va de diciembre se han acumulado 134 cambios de sede social.

Los días con el mayor número de cambios de sede de Cataluña desde el 2 de octubre tuvieron lugar el 19 de octubre, con 268 compañías; el 9 de octubre, con 212 entidades salientes, y el día 10 de octubre, con 177 empresas, mientras que el mínimo se registró este lunes, con 16 traslados.

Por su parte, un total de 132 empresas de fuera de Cataluña ha trasladado su sede a la región catalana desde la celebración del referéndum independentista el pasado 1-O, 78 el pasado mes de octubre, 40 en noviembre y 14 en lo que va de diciembre. Este martes no se registró ningún traslado de sede social a Cataluña desde otra parte de España.