El jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada entre 2007 y 2011 Magín Bolívar Medina ha declarado este miércoles como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que informó a sus superiores de que existía un volumen "muy abultado" de cursos y subvenciones pendientes de justificar, pese a lo cual "nunca recibía una respuesta específica", lo que le ha llevado a criticar la "falta de atención" de sus jefes.

   Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado ha puesto de manifiesto que llegó a proponer la creación de una unidad "de control externo de la gestión económica, ya que se gestionaban muchos millones de euros en el servicio", no obstante lo cual "notó en sus superiores una falta de atención sobre las inquietudes que mostraba muy frecuentemente sobre el volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y subvenciones". "Nunca recibía una respuesta específica", ha dicho.

   En este sentido, la juez le ha preguntado si entiende por qué sus superiores no le daban una respuesta específica a pesar de que, en diciembre de 2012, existía un volumen pendiente de justificación de 43,9 millones, a lo que el imputado ha contestado que "no lo entiende" ya que sus superiores --la delegada provincial y la secretaria-- "lo conocían".

   En relación a las resoluciones de exoneración, el jefe de servicio ha señalado que "es cierto que entendía" que las mismas, que "eran una práctica que se venía haciendo con anterioridad a que fuera jefe de servicio, incrementaban transitoriamente el volumen de justificaciones pendientes", pero ellos "se limitaban a mandar el listado de peticiones a la Dirección General a instancias de esta última, que podía aceptarla o no o pedirle alguna otra documentación o justificación y no admitirla de manera tan laxa".

   Ha añadido que "si hubiera tenido que resolver él el expediente de exoneración se hubiera instruido con una serie de documentación y no limitándose a las peticiones de las delegaciones", y ha asegurado que "todas las entidades que ellos remitían se incluían luego en las resoluciones de exoneración".

EXPEDIENTES DE REINTEGRO "ANTIGUOS"

   En esta línea, el imputado ha rememorado que, cuando llegó en 2007, había varios expedientes de reintegro antiguos "que no se habían iniciado o estaban paralizados", aunque "no eran muchos, unos cuatro o cinco aproximadamente", mientras que desde 2007 a 2011, el departamento de gestión económica "no le dio cuenta de ningún expediente de reintegro a iniciar por ausencia de justificación".

   La juez, en este punto, le ha preguntado "si no le llamó la atención que en más de tres años no le planteara ningún expediente de reintegro el jefe de departamento de gestión", y el imputado ha respondido que "no" porque "confiaba en él y en su experiencia, si bien a toro pasado y conociendo las irregularidades ahora sí le llama la atención".

   Alaya también le ha puesto de manifiesto que, en materia de formación, ni en la Junta ni en las delegaciones provinciales ni en los servicios centrales "se produjo ningún expediente de reintegro" en los años 2011 y 2012, a lo que el jefe de servicio ha contestado que "tiene su pensamiento dividido", pues "cuando estaba en Formación, en caliente, no le hubiese extrañado la inexistencia de tales expedientes de reintegro".

"LAXITUD" DE SUS SUPERIORES

   "Sin embargo, ahora viendo los datos que se le ofrecen y los informes de la Intervención, sí tiene que concluir que evidentemente existía dicha laxitud por parte de sus superiores y que si hubiese conocido la existencia de las necesidades de expedientes de reintegro a buen seguro los hubiese iniciado", ha declarado.

   Al hilo, ha dicho que "no existió ninguna comunicación por parte de la Intervención sobre la extrañeza de que no hubiera expedientes de reintegro", incidiendo en que "no hubo ningún reparo acerca del funcionamiento del servicio" por parte de la Intervención, que "tenía una función fundamental con fiscalización previa al inicio del expediente y con posterioridad cuando se le remitían los documentos contables y la propuesta de liquidación para hacer cualquier observación que considerase conveniente".

   El imputado, a quien la juez ha imputado un delito de malversación, ha asegurado que "no le consta la existencia de entramados empresariales que se hayan visto beneficiados por la concesión de múltiples acciones formativas", aunque ha reconocido que la legislación "es bastante laxa y permite que un mismo individuo pueda constituir una empresa, dar una acción formativa, luego constituir una entidad sin ánimo de lucro, recibir otra subvención para acción formativa y asimismo subcontratar con una administración local la acción formativa adjudicada".

NIEGA HABER RECIBIDO "ÓRDENES ILEGALES"

   "Es decir, la propia legislación posibilita la concentración", ha resumido el jefe de servicio, quien, al igual que hizo ayer el jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Almería Blas Méndez Capel, ha negado haber recibido "alguna orden, directriz o indicación de carácter ilegal" por parte de sus superiores para permitir el fraude.

   Asimismo, y preguntado por si en algún momento elevó un informe escrito a sus superiores o a la asesoría jurídica de la delegación "por haber conocido en el ejercicio de sus funciones hechos o situaciones que pudieran ser constitutivos de irregularidades o incumplimientos normativos de carácter grave", ha señalado que "no ha conocido ningún incumplimiento, por lo cual no ha elevado ningún informe ni ninguna denuncia".

   En su declaración, el imputado ha calificado de "sorpresa" los hallazgos realizados por la Intervención en relación a los expedientes con compromiso de contratación", ya que "creía que todo se realizaba conforme a la legalidad vigente y a sus instrucciones", tachando de "absolutamente incomprensible" que, en relación a una de estas acciones formativas con compromiso de contratación, hubiera 11 renuncias por parte de los alumnos a las ofertas de trabajo.

   En este sentido, ha explicado que "todos los cursos eran visitados y en más de una ocasión", por lo que "no puede dar explicación sobre alumnos con más de tres faltas y que luego continuaran", y ha recordado que "advirtió a sus superiores de los peligros que podría acarrear contratar con determinadas entidades".

   En la jornada de este miércoles, también han comparecido ante la juez los jefes de servicio de Formación de la delegación de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Ángel Gil Flores, y de Jaén, José Luis Valentín, todos los cuales se han negado a declarar.