Y más en concreto en el caso de los denominados Valencia Summit, en cuyo seno se acordó pagar un canon de un millón de euros anual a favor de la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin.

"Nos sorprendió muchísimo el empleo del término canon, en el derecho administrativo pocas veces se ve. Yo llamaría una 'propineta' al hecho de que te den dinero por no hacer absolutamente nada", ha espetado el experto, quien fue funcionario de la Administración General del Estado cuando analizó en su día las contrataciones efectuadas por Nóos.

A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el perito ha señalado asimismo que la figura del convenio utilizada por el Instituto Nóos para impulsar los denominados Illes Balears Forum, por los que la entidad percibió 2,3 millones de euros públicos, no tenía "ninguna razón de ser" puesto que se trataba de una prestación de servicios que tenía que haberse articulado mediante un contrato para tal fin.

De hecho, ha manifestado que, "residualmente", el empleo de los convenios se puede admitir cuando la contratación llevada a cabo por la Administración no tenga cabida en ninguno de los demás supuestos previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dará inicio este martes a la fase pericial del juicio del caso Nóos, en la que serán interrogados un total de cincuenta expertos que deberán arrojar luz sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas y la supuesta defraudación a Hacienda a través del entramado urdido en torno al Instituto Nóos.

En el caso de los foros de Baleares, el perito ha explicado que hay modalidades de contratación que "regulan perfectamente el tipo de relación que se quería mantener".

"Esta claro que el objeto de la contratación [de Nóos] pasaba por la consultoría y la asistencia técnica", ha incidido el especialista, quien ha aludido a los "límites difusos" que en ocasiones se produce entre esas dos actividades, la publicidad y el patrocinio, entre otros ámbitos.

En cualquier caso, ha subrayado que independientemente del tipo de contratación que se establezca, desde la reforma de la Ley en el año 2000 "tienen que hacerse los mismos trámites en lo relativo a la preparación del contrato", aunque se trate de un convenio como en el caso de los suscritos con el Instituto Nóos.

"Todos los actos preparatorios son idénticos", ha remarcado el perito. Al ser inquirido por el fiscal sobre qué trámites deben realizarse, ha precisado que éstos deben conllevar una propuesta de necesidad del encargo, un certificado de carencia de medios propios para llevarlo a cabo, acreditar la disponibilidad de crédito presupuestario y un pliego de cláusulas y prescripciones técnicas, acompañado de un informe jurídico.

"BIEN O MAL, EN ESTE PAÍS TODO HAY QUE

JUSTIFICARLO"

En cuanto a la justificación del destino de los fondos públicos por parte de Nóos, el experto ha aseverado que era necesario que la entidad acreditara en qué había gastado el dinero. "Lo dice el propio convenio y, aunque no lo pusiera, no cabe la menor duda porque es dinero de procedencia pública y los contribuyentes tienen derecho a saber en qué se ha gastado. Hasta el señor fiscal tiene que justificar la nómina todos los meses. Bien o mal, en este país todo hay que justificarlo".

En esta línea han declarado varios de los demás peritos que han comparecido ante el tribunal. De hecho, uno de ellos ha señalado que tuvo que analizar en su día un total de 826 justificantes relativos a los Illes Balears Forum, entre los que había albaranes y listados contables que "no se podían tener en cuenta".

"Los sumé para ver si se alcanzaba la cifra de ingresos pero era claramente inferior, los justificantes eran dudosos", ha incidido al respecto. En este sentido, ha recordado que "había muchas facturas de viajes, por conceptos indeterminado e incluso algunos relativos al Valencia Summit. También de empresas relacionadas con los administradores -en relación a Urdangarin y Torres-", ha detallado.

Es más, ha precisado que el 71 por ciento de los gastos del Instituto Nóos habían sido abonados a empresas controladas por ambos exsocios y se facturaba a través de las mismas. Este hecho, ha explicado, aumentaba la diferencia entre ingresos y gastos, a lo que se sumaba la circunstancia de que se declaraba a Hacienda "más de lo que constaba en la contabilidad".

NATURALEZA JURÍDICA DE LA FTVCB

Los interrogatorios se han centrado además en la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), una de las entidades que, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), firmó el convenio para la celebración de los Valencia Summit.

Mientras unos han abogado por el carácter privado de la Fundación pese a contar con una aportación mayoritaria de fondos públicos, el resto han defendido que se encuentra sometida a las normas de contratación pública.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local que fue aportado a la causa, subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas al respecto por la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, quien durante su declaración como testigo apuntó que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública.