La integrante del grupo terrorista GRAPO y acusada del secuestro y homicidio del empresario Publio Cordón, María Victoria Gómez Méndez, ha defendido el derecho de autodeterminación de Cataluña durante su turno de última palabra en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

Gómez Méndez ha utilizado este turno para menospreciar la actuación de la justicia y las sentencias del Tribunal Supremo que identifican a los GRAPO con el Pce(r). "Hay sentencias del Supremo que dicen que GRAPO y Pce(r) es la misma cosa. Y también hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que el referéndum catalán del 1 de octubre es ilegal, pero eso no quita que el pueblo catalán no siga teniendo su derecho a la autodeterminación", ha afirmado.

Así, la acusada ha defendido que el Pce(r) no es "una organización militar", pero ha denunciado que la justicia la "persigue jurídicamente" y "sus militantes están en la cárcel por sus ideas políticas".

Dicho esto, Gómez Méndez ha manifestado que no tiene "ningún interés personal en el resultado" del juicio porque con su edad y las condenas que ya tiene "acumuladas", ya está condenada "a cadena perpetua".

"MENTIRAS DE UN TESTIGO PERJURO"

Pero lo que sí ha pedido al tribunal es que no utilicen "las mentiras de un testigo perjuro", en referencia al exdirigente de la banda terrorista Fernando Silva Sande, cuyo testimonio llevó a la detención de los dos acusados en este juicio, "para desprestigiar a los GRAPO y para perjudicar a otras personas".

Asimismo, ha pedido que "dejen en paz" a Manuel Pérez Martínez, alias 'camarada Arenas', y no le traten de "semidios que dirige los GRAPO" después de que Silva Sande le haya situado en la vivienda de Lyon (Francia) donde supuestamente estuvo encerrado Publio Cordón en el verano de 1995.

Por su parte, el otro imputado en este juicio, José Antonio Ramón Teijelo, simplemente se ha limitado a decir al tribunal en su turno de última palabra que él no participó en los hechos de los que se le acusa.

VISTO PARA SENTENCIA

Una vez escuchados a los acusados, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha dejado el juicio visto para sentencia después de tres jornadas en los que han pasado por la Audiencia Nacional miembros de la cúpula de los GRAPO y los guardias civiles que llevan investigando desde que Silva Sande se ofreció a colaborar con la justicia.

Desacreditar a este testigo ha sido el principal argumento de las defensas de Teijelo y Gómez Méndez y le han denunciado que, a diferencia de lo que él mismo declaró en el juicio, sí ha obtenido beneficios penitenciarios por ayudar a la Guardia Civil a esclarecer el secuestro y muerte de Publio Cordón.

Los abogados de los dos acusados han reprochado que la Fiscalía haya dicho que cree "a pies juntillas" la declaración que prestó Silva Sande, quien aseguró que Teijelo y Gómez Méndez se encargaron, junto a él, de la custodia del empresario en la casa de Lyon y que cuando éste se cayó por la ventana al intentar huir, decidieron enterrar el cuerpo en el monte Ventoux.

Para las defensas, el testimonio de Silva Sande es contradictorio y el "acervo probatorio no ofrece las conclusiones rotundas que parecen deducirse para Fiscalía y acusación particular", al tiempo que les extraña que el testigo ofrezca tantos detalles que incriminen a los acusados pero luego no se acuerde de dónde enterraron el cadáver, que nunca ha sido encontrado.

Además, han resaltado que Silva Sande declaró que el empresario estuvo secuestrado de uno a dos meses y de ser verdad significaría que aún estaba vivo cuando su familia pagó el rescate de 400 millones de pesetas.

"La sola imputación procedente de un único testigo, con una versión interesada y por entregas, no ofrece suficiente prueba de cargo. Silva Sande oculta más de lo que dice", ha subrayado la defensa de Teijelo.

CUESTIONA LA CADENA DE CUSTODIA DE PRUEBAS

Sobre el ADN de Gómez Méndez que se encontró en el sobre en el que los GRAPO enviaron las cartas que habría escrito Cordón a su familia, su abogado ha cuestionado la cadena de custodia de la prueba, ya que el sobre fue entregado el año pasado, más de 20 años después, al juzgado por el abogado de la familia, después de que la esposa lo hubiese guardado por razones sentimentales.

Después de tres días, el juicio por el secuestro de Publio Cordón ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía pide para cada uno de los acusados 37 años y diez meses de prisión y que indemnicen a la viuda con 2,4 millones de euros --los 400 millones de pesetas del rescate-- y otros 500.000 euros. También solicita el pago de 500.000 euros para cada uno de los hijos del empresario.