Con este objetivo, el grupo parlamentario que lidera Rosa Díez ha registrado una interpelación al Gobierno que se sustanciará en el Pleno del próximo miércoles y que dará lugar a una moción que se someterá a votación en la sesión plenaria de la tercera semana de abril.

   En el texto de su interpelación, recogido por Europa Press, la formación magenta recalca el "alcance e importancia" de la declaración institucional aprobada el pasado martes por la Junta de Portavoces del Parlamento Navarro y defiende la conveniencia de que sea traslada al Congreso para ser sometida a votación.

   Aquel texto, que recibió el respaldo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y PSOE y fue rechazado por Bildu, Aralar-Nafarroa Bai e Izquierda-Ezquerra (I-E), fue promovido por ante la Cámara foral por la Asociación Dignidad y Justicia, que presentó una propuesta en el Parlamento de Navarra a este respecto.

ETA Y SU BRAZO POLÍTICO

   En él, el Parlamento de Navarra reconoce y condena la "limpieza nacional", los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio de País Vasco y Navarra. También proclama el 11 de febrero Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad, con el objetivo de evitar que éstos caigan en el olvido y se repitan.

   El tercer punto de la declaración es un requerimiento al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para que incluya "el relato de los actos de genocidio y los crímenes contra la humanidad de la izquierda abertzale violenta en el material didáctico a todos los niveles en territorio de Navarra".

RESOLUCIÓN DE LA ONU

   UPyD propone que ese texto sea aprobado en la sede de la soberanía nacional y que el Congreso adopte "un posicionamiento institucional de reconocimiento y condena de dicha limpieza nacional por motivos políticos y otros actos de persecución, expulsión forzada, desapariciones forzosas y asesinatos de lesa humanidad perpetrados en España durante las últimas décadas". También defiende impulsar las medidas legislativas adecuadas para que este reconocimiento y reparación de las víctimas pueda llevarse a cabo de forma completa.

   En este punto, cita la Resolución de la ONU de 2005 que prevé la presentación de recursos y la obtención de reparaciones por parte de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario y dice que, para ello, son necesarias, al menos una serie de acciones.

   Entre ellas menciona una declaración oficial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de las víctimas, una serie de conmemoraciones y homenajes a este colectivo y la exposición de dichas violaciones en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.