Hablamos de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados o innecesarios, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.

   La juez instructora, tras varios años trabajando sobre las diligencias, ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que, a la hora de dar cuenta de los hechos investigados, que suman más de 200 imputados, señala a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, diputado y senador respectivamente, así como a siete exconsejeros de la Junta de Andalucía, como es el caso de José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, actualmente diputados nacionales; Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Mar Moreno, tratándose en todos los casos de personas aforadas.

   En su exposición razonada, recogida por Europa Press, Alaya desgrana, entre muchas otras cosas, que en el periodo 2000-2011, las agencias de seguros contratadas para los cálculos relacionados con las pólizas de seguro de rentas acordadas para la prejubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, principalmente 'Vitalia' y 'Uniter', habrían obtenido respectivamente 36,2 y 29,8 millones de euros en concepto de "sobrecomisiones", pues "fijaban su comisión por encima de la media del mercado", un dinero canalizado "en favor de terceros concretos y determinados". Y es que del dinero percibido por 'Vitalia' y 'Uniter' habrían recibido fondos algunas de las estructuras de UGT y CCOO, así como entidades participadas por UGT y especialmente el sindicalista jienense de la UGT Juan Lanzas, hombre clave en la trama por su "enorme influencia" en la Junta de Andalucía y "muy próximo presuntamente" a Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia durante la era de Manuel Chaves y otrora líder del PSOE de Jaén, mencionado en algunos "pasajes" de la investigación como "mentor o jefe" de Lanzas, según escribe la juez.

"SOBRECOMISIONES"

   La juez Alaya, en ese sentido, considera que "indiciariamente", la existencia de tales sobrecomisiones debía ser "conocida y autorizada por el propio presidente de la Junta y por la persona de su absoluta confianza, Gaspar Zarrías". Mercedes Alaya, así, señala la "relación" de Lanzas y Zarrías, explicando que los expedientes de regulación de empleo "en los que ha podido interesarse Zarrías, todos ellos con importantes subvenciones de la Junta, fueron expedientes en los que intervino Juan Lanzas, coincidencia que se habría producido en los diversos expedientes relativos a las empresas de José María Ruiz Mateos, con subvenciones de aproximadamente 18 millones de euros, al que Zarrías pediría que montara una fábrica en los terrenos de Primayor para recolocar a los trabajadores de dicha empresa, asegurándole la concesión de cuantiosas ayudas que efectivamente se concedieron".

   Señala además que el propio Zarrías ha reconocido públicamente que ante la crisis de la empresa Primayor habría "mantenido contactos" con la familia Ruiz Mateos y el comité de empresa de esta compañía, para "recolocar" a los afectados en el grupo 'Dhul'. Ya en otro capítulo de su exposición de motivos, y analizando los incentivos y ayudas concedidas a numerosas compañías con cargo a los fondos investigados, explica la juez que la empresa 'Comercial Alimentaria Dhul', perteneciente a la familia Ruiz Mateos, recibió con cargo a los fondos públicos y por orden del otrora consejero de Empleo Antonio Fernández, una "auténtica ayuda directa" de carácter supuestamente arbitrario por 2,4 millones de euros, para cubrir un préstamo de 1,9 millones de euros concertado por la empresa, toda vez que la empresa Complejo Bodeguero Bellavista, la antigua Garvey, obtuvo 5,6 millones para cubrir los "costes laborales" de un ERE pese a que no cumplía "ningún requisito" para tal aspecto.

EL PAPEL DE LANZAS

   En el caso del hotel Cervantes y la empresa Zoilo-Ruiz Mateos, antigua sociedad Sandeman, la juez Alaya detalla que el hotel recibió 5,9 millones de euros y la restante sociedad más de dos millones de euros, aunque "nuevamente sin ninguna justificación de por qué a las empresas de Ruiz Mateos había que financiar con fondos públicos sus costes laborales". "En todos estos expedientes de la familia Ruiz Mateos tuvo un papel preponderante Juan Lanzas, que como conseguidor se movería en las más altas esferas políticas, relacionándose con los consejeros de Empleo, Innovación, de Presidencia, y fue indiciariamente la persona que consiguió la financiación por parte de la Junta pese a la buena salud que en aquella época tenían tales empresas", concluye Alaya.