La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este martes al Gobierno de Irlanda que suavice su restrictiva ley contra el aborto, alertando de que las mujeres embarazadas ponen en peligro sus vidas si siguen en el país.

La ONG ha asegurado que su informe 'No es una criminal: El impacto de la Ley del Aborto en Irlanda' "recoge casos sorprendentes en los que las autoridades irlandesas han negado a mujeres y adolescentes la atención sanitaria necesaria para priorizar la vida del feto".

   "La legislación irlandesa es una de las más restrictivas del mundo, forzando a al menos 4.000 mujeres y adolescentes a viajar cada año al extranjero para practicarse un aborto, a un considerable coste mental, financiero y físico", ha lamentado.

   Así, ha indicado que "las mujeres y adolescentes que no pueden viajar se quedan sin acceso a los tratamientos médicos necesarios o se arriesgan a penas criminales en caso de que se practiquen un aborto en sus viviendas".

   El secretario general de AI, Salil Shetty, ha valorado que, pese a la aprobación del matrimonio homosexual por referéndum, "no todo va bien en Irlanda". "Los Derechos Humanos de mujeres y adolescentes son violados a diario porque la Constitución las trata como un recipiente que porta un niño", ha agregado.

   "Las mujeres y adolescentes que necesitan abortos son tratadas como criminales, estigmatizadas y forzadas a viajar al extranjero, pagando un importante peaje en su salud mental y física", ha dicho.

   En este sentido, Shetty ha argumentado que "el Estado irlandés no puede seguir ignorando esta realidad y el horrible impacto que está teniendo sobre miles de personas cada año".

   El informe recoge los testimonios de varias mujeres que viajaron al extranjero para practicarse un aborto, algunas de las cuales habían sufrido abortos naturales y se vieron forzadas a mantener un feto inviable o muerto durante semanas a la espera de recibir tratamiento en el país.

   Una de ellas, Róisín, relata que se vio forzada a esperar varias semanas porque los médicos querían asegurarse de que no había latido en el feto. "No me siento inclinada a confiar en los servicios a las mujeres en este país", afirma.

   Lupe, que tuvo que mantener un feto muerto durante catorce semanas, apunta que tuvo que viajar a España para recibir un tratamiento médico adecuado. "No me sentía segura. Tenía miedo porque supe que, si había complicaciones, esta gente (las autoridades) me dejaría morir", dice.

   Las leyes del país consideran un crimen que los médicos y consejeros sanitarios faciliten información completa a las pacientes sobre el tratamiento o cómo practicarse un aborto de forma segura.

   Irlanda es el único país de Europa --junto a Andorra, Malta y San Marino-- que prohíbe a las mujeres practicarse un aborto incluso en casos de violación, graves daños para el feto o riesgos para la salud de la madre.

   Por ello, AI ha lanzado la campaña 'Mi cuerpo, mis derechos' para pedir a Dublín que modifique su legislación y permita que las mujeres puedan practicarse abortos al menos en estas situaciones.