Porque, según ha dicho, es "objetivo" y "se decidió por consenso" de todos los gobiernos regionales. No obstante, su departamento no descarta modificarlo.

   Mato se explicaba así ante los medios junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y el director general del IMSERSO, César Antón, al término de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se ha prolongado unas cinco horas y que si bien tenía una docena de asuntos en el orden del día, ha estado marcado por la polémica sobre los criterios de reparto del citado fondo de 17 millones de euros para combatir la pobreza infantil.

   Según ha explicado, el criterio fue acordado en dos reuniones celebradas en los últimos meses entre los directores generales de las distintas comunidades autónomas, ante la disparidad de intereses, pues unas pedían que se repartiese atendiendo a la población, otras a la dispersión y otras a la renta. "Lo que se decidió por todas las comunidades presentes en esas reuniones es que este año se haría de acuerdo al índice de pobreza y exclusión social AROPE, que es el que se usa en Europa", ha señalado.

   La ministra ha incidido en que "es el sistema que han decidido las comunidades autónomas de común acuerdo" y en que todos los gobiernos regionales "están de acuerdo en que nunca había habido un fondo contra la pobreza infantil y en que les viene muy bien". "Lo importante es que aprovechen para ayudar a quienes mas lo necesitan y que hagan un esfuerzo de priorización en sus presupuestos para aquellos que más lo necesitan", ha zanjado.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y GALICIA, EN DESACUERDO

   Comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña o Galicia han mostrado su disconformidad con el criterio de reparto escogido porque calcula la tasa de pobreza infantil de cada comunidad autónoma en función de su propia población menor de edad. Así, en términos relativos arroja niveles más altos en lugares como Ceuta, cuando en términos absolutos son más los niños andaluces, por ejemplo, en situación de privación.

Para Mato, las críticas responden a que es "lógico" que cada comunidad autónoma quiera que "la cuestión que le diferencia se valore más" y se utilice "un parámetro diferente para medir cualquiera de las cuestiones que vaya a hacer que reciban más fondos económicos para atender a su población". No obstante, cuestiona que "algunas" hablen de este asunto ahora y no durante la última Legislatura de gobierno del PSOE.

   "Lo que es triste y lamentable es que algunas de las comunidades autónomas que están criticando por qué tienen más dinero las que tienen más pobreza infantil, estén pensando en esa cuestión ahora, (*) si entre 2008 y 2011 fue cuando más se incrementó la pobreza en España, y por tanto la pobreza infantil, porque es cuando más se incrementó el desempleo. En esa etapa no hablaban de pobreza infantil y me gustaría saber por qué ahora", ha señalado la ministra.

   En su opinión, "se debería reflexionar por parte de las comunidades autónomas a qué cuestiones priorizan los ingresos que reciben de la propia comunidad autónoma", porque la prioridad debería ser atender a los niños en situación de vulnerabilidad.

   Con todo, el ministerio se ha comprometido a analizar junto a los gobiernos regionales nuevos criterios de reparto para próximas ocasiones. El fondo que ahora se negocia mantendrá el sistema previsto por una cuestión de plazos: es una partida de emergencia que debe ejecutarse este año así que el reparto no puede dilatarse más, según han explicado fuentes de su departamento.

EL ACUERDO, AL CONSEJO DE MINISTROS

   De hecho, la ministra tiene previsto someter a aprobación del Consejo de Ministros el acuerdo si no este viernes, el próximo, para que este verano las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias (todas menos País Vasco y Navarra, por una cuestión de competencias) tengan los fondos disponibles y puedan utilizarlos para apoyar programas contra la pobreza infantil que ya estén en marcha.

   Sobre la posibilidad de ampliar la dotación, manifiestamente insuficiente según las comunidades autónomas y las organizaciones especializadas en infancia, la ministra ha remitido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año y ha añadido que "ojalá no fuera necesario".