En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha presentado un escrito en el que se opone a dicha solicitud alegando que, tras analizar las resoluciones, autos y providencias dictadas por el magistrado, no encuentra ninguna causa de nulidad.

   De igual modo, las mismas fuentes consultadas han puesto de manifiesto que, en su escrito, la Fiscalía no entra a valorar las decisiones sobre el reparto y la distribución del trabajo adoptadas por los órganos de gobierno de los jueces.

   Cabe recordar que dicha nulidad fue solicitada por el abogado José María Mohedano en nombre de los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera y por el letrado Antonio Uceda, que defiende a los ex directores de Finanzas de la agencia Idea Pablo Millán y Juan Vela.

   En su escrito, Mohedano, que también defiende al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, denuncia la "falta de cobertura" por la comisión de servicio concedida al juez Álvaro Martín el 24 de julio de 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por cuanto señala que el objeto de la misma consiste en que la juez titular "pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo y que exigen su total atención".

   A su juicio, es "palmario que de acuerdo con el contenido de la comisión de servicio ésta no habilita al juez comisionado para intervenir en ninguna de las referidas macrocausas, pues precisamente el objeto de la comisión es que la titular pueda dedicarse a dichas macrocausas y no que las mismas las tramite el juez comisionado".

   De la misma forma, el defensor entiende que el plan de actuación acordado para dar cobertura a Álvaro Martín también vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley, "en la medida en que designa nominativamente al juez instructor comisionado para el conocimiento y tramitación de diversas causas ya iniciadas cuando se aprueba el referido plan, sin que dicha designación resulte de la aplicación de normas objetivas y generales existentes antes del inicio del procedimiento".

   Mohedano concluye pidiendo la nulidad "radical de la atribución" del procedimiento específico al juez Álvaro Martín por vulnerar el derecho al juez predeterminado por la ley y también de "todas las actuaciones llevadas a cabo por el juez comisionado en las presentes diligencias, acordando que el juez predeterminado por la ley para la instrucción de las mismas es la titular del juzgado", María Núñez Bolaños.

La juez Núñez abre tres piezas separadas de

los ERE para investigar tres ayudas por

importe de 2,3 millones

  La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abierto otras tres piezas separadas para investigar las ayudas por un importe total de 2.310.074,09 euros concedidas por la Junta de Andalucía a las empresas Centro de Limpieza Industrial Huévar, Bética Industrial y Novomag Manufacturas Metálicas.

   En tres autos distintos fechados el 16 de mayo, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera que en los tres casos los hechos investigados "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que acuerda incoar diligencias previas "con el fin de determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido".

   En el caso de Centro de Limpieza Industrial Huévar, la juez relata que fue el 8 de septiembre de 2005 cuando el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y el director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, firmaron un convenio de colaboración en el que acordaron conceder una ayuda de 1.009.365,62 euros a dicha empresa.

   El pago de la ayuda se efectuó mediante transferencia bancaria en nueve plazos, el primero de ellos el 6 de noviembre de 2006 y el último el 9 de octubre de 2007, todos con cargo a la partida 31L, dice la juez Núñez, que cita como investigados a Guerrero y a Serrano los días 30 de junio y 14 de julio, respectivamente. El 14 de julio también está citado como investigado el administrador de la empresa, José Román.

   Asimismo, la juez ha abierto una pieza separada por las dos subvenciones, cada una de ellas de 440.000 euros, que recibió Bética Industrial los días 29 de diciembre de 2008 y 17 de febrero de 2009 en virtud de los convenios de colaboración suscritos por el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, y el director general de IDEA, Jacinto Cañete, a quienes cita a declarar como investigados el 14 de julio.

   Por último, la magistrada ha abierto una pieza separada por la ayuda de 420.708,47 euros concedida a la empresa Novomag, ayuda que fue abonada en tres plazos, dos de ellos en 2004 y el último el 21 de enero de 2008, en base al convenio de colaboración suscrito por Guerrero y el director general del antiguo IFA, Francisco Mencía.

   En esta pieza, la juez imputa al propio Guerrero, al que cita a declarar el 30 de junio; al ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte y a los administradores de la empresa María de los Ángeles Zurita y Juan Manuel Peña.