El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aplazado hasta el miércoles las declaraciones de la socia y tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica Servicios Integrales, que reformó la sede del PP entre 2005 y 2011, por problemas de agenda de los abogados.

   El juez sospecha que la remodelación del edificio podría ser constitutiva de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable, así que interrogará como imputados a Belén García, socia del director gerente de la empresa, Gonzalo Urquijo; Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008.

   Mañana martes está previsto que testifiquen el exjefe de seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente; el cajero de la formación Luis Molero; y otros dos empleados del estudio de arquitectura, Ester D'Opazo y Noelia Fernández Muñoz.

   El magistrado les citó después de que un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaran que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para Urquijo.

"REALIDAD DE LOS APUNTES CONTABLES"

   Los dos informes vienen a constatar, según el juez Ruz, "la realidad de los apuntes contables" consignados por Bárcenas en relación con las obras del PP y su carácter delictivo, ya que "en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y en otras ocasiones el presupuesto presentado en el Colegio de Arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el PP y Unifica".

   Ruz destacaba que, según acreditan varios correos electrónicos de Unifica, en cuatro plantas del edificio se elaboraron "dos certificaciones finales" de las obras, "una que correspondía a la factura girada y otra, de cantidad superior, que supuestamente a respondía al precio real del proyecto".

   El informe de Hacienda, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B. Así, la documentación incautada en septiembre pasado en la sede de Unifica pone de relieve un descuadre de 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, de 274.880,35 en las de la quinta, de 256.426,33 en las de la tercera y de 217.879,75 en las del cuarto piso.

   Ruz pone de manifiesto la "correlación" de estas cantidades con tres apuntes que el extesorero del PP anotó en su contabilidad B entre marzo y diciembre de 2008 como salidas para 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.'. Se trata, en concreto, de 258.000 euros apuntados el 13 de marzo (supuestamente correspondientes a las obras de la planta quinta), 235.000 el 31 de julio (de la planta tercera) y otros 200.000 en diciembre (de la cuarta).

   Para ello, el magistrado instructor tiene en cuenta el "supuesto descuento" de entre el ocho y el diez por ciento que, según declaró Bárcenas, se aplicó sobre las cantidades no facturadas, es decir, abonadas con dinero procedente de la caja B del PP.

   En relación con la segunda planta de la sede, en la que según Hacienda existía un desfase de 211.160,77 euros, el magistrado señala que se han constatado "determinados trabajos supuestamente sin facturar por Unifica" que, una vez aplicado el descuento del que hablaba Bárcenas, coincidiría con otro apunte contable por valor de 195.000 euros que el extesorero anotó el 28 de enero de 2008.

VISITAS A LAS CAJAS DE SEGURIDAD

   La imputación de la socia de Urquijo está relacionada con este último apunte y después de que la UDEF destacara en su informe que, según la documentación remitida por la Banca March y La Caixa, Belén García visitó ese mismo día una caja de seguridad que la empresa tenía en esta entidad bancaria.

   Además, Urquijo realizó otra visita a una de sus cajas de seguridad el 13 de marzo de 2008, día en que aparece también en los 'papeles de Bárcenas' la citada entrega de 258.000 euros  a su nombre. Según un informe de la UDEF remitido al juez en abril pasado, Urquijo y García tenían 9,4 millones de euros en el extranjero, en cuentas de países como Canadá, Luxemburgo y Suiza. Además, ambos se acogieron a la denominada 'amnistía fiscal' pagando 109.000 euros cada uno.