"Es algo inaceptable. No representa las intenciones de un país que esté buscando mantener unas buenas relaciones", ha sostenido. "Estas afirmaciones son cada vez más duras y hay muchas", ha agregado, según ha informado el diario saudí 'Arab News'.

   La portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Marzieh Afjam, cargó contra Bahréin después de que Manama asegurara haber detenido a dos personas que querían introducir armas en el país a través de Irán.

   Bahréin ha acusado en numerosas ocasiones a Irán de interferir en sus asuntos con su apoyo a la oposición en el país, algo que ha sido desmentido desde Teherán, que recalca que únicamente pide que se respeten los Derechos Humanos de la población.

   El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

   La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

   Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

HRW acusa a la coalición saudí de crímenes

de guerra por un ataque contra un edificio

con civiles

  Human Rights Watch (HRW) ha acusado a la coalición militar que lidera Arabia Saudí de haber cometido un crimen de guerra con el ataque aéreo contra un edificio residencial de la localidad costera de Mokha que el 24 de julio acabó con la vida de 65 civiles y dejó varias decenas de heridos.

   En un comunicado, la ONG ha contado que la coalición lanzó el ataque aéreo entre a las 21.30 horas del 24 de julio contra dos módulos residenciales de una planta termoeléctrica de Mokha, en los que residían los trabajadores y sus familias.

   HRW ha asegurado que el fracaso de Arabia Saudí y el resto de miembros de la coalición por investigar los ataques aéreos "aparentemente ilegales" en Yemen pone de manifiesto "la necesidad de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una comisión para investigar las acusaciones de violación de las leyes de guerra por parte de la coalición, los huthis y otras partes del conflicto".

   "La coalición liderada por Arabia Saudía ha bombardeado de forma repetida las residencias de la compañía con resultados fatales para varias decenas de civiles", ha manifestado Ole Solvang, investigador de emergencias de HRW, que ha añadido que "sin pruebas de objetivos militares, este ataque parece tratarse de un crimen de guerra".

   El ataque incluyó el lanzamiento de nueve bombas, seis de las cuales destruyeron el principal complejo residencial de la planta, que daba cobijo al menos a 200 familias, de acuerdo con responsables de la central energética. Otra bomba dejó inutilizado un recinto separado destinado para trabajadores temporales, alrededor de un kilómetro al norte del complejo principal, y destrozó también un depósito de agua.

   HRW ha manifestado que no ha visto ninguna prueba que apunte que la planta o los complejos residenciales fueran usados para fines militares y más de una decena de trabajadores han asegurado que nunca ha habido huthis o miembros de otras fuerzas militares en las instalaciones.

   El director general de la planta, Bagil Jafar Qasim, proporcionó a HRW la lista de las 65 personas que fallecieron a causa del ataque, entre ellas diez niños. Otras dos personas continúan desaparecidas. Varios de los 42 heridos se encuentran en estado grave.

   HRW ha recordado que las leyes de guerra prohíben ataques deliberados o indiscriminados contra civiles. En este sentido, cualquier ataque que no esté dirigido de forma específica contra un objetivo militar se considera como indiscriminado. Los individuos que rompan estas normas pueden ser acusados por la justicia de cometer crímenes de guerra, según la ONG.