Según estas mismas fuentes, los primeros pasos consisten en establecer los contactos con personas afines en distintos municipios del País Vasco y Navarra para la búsqueda de posibles candidatos no contaminados--sin antecedentes de ninguna relación con otras marcas ilegalizadas-- para la configuración de las listas de estas agrupaciones.

   Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad se centran principalmente en determinar si el origen de esta iniciativa parte de los actuales dirigentes de Batasuna, lo que ya sería suficiente para demostrar que se trata de una nueva estrategia del brazo político de ETA para burlar la ley y acudir a las urnas.

  No obstante, las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la constitución de agrupaciones de electores tiene su complejidad porque se necesita al menos la firma del 1 por ciento de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción, mientras que los partidos políticos no deben presentar ninguna firma para concurrir a las elecciones.

   Estas firmas deben estar autentificadas notarialmente o por el secretario de la corporación municipal correspondiente. Para ello se exige la comparecencia personal de los firmantes ante los fedatarrios mencionados y cada elector podrá apoyar una agrupación electoral. Además, la recogida de firmas no se puede iniciar antes de la convocatoria electoral correspondiente ya que las agrupaciones de electores se constituyen para cada proceso electoral concreto.  

 Otras pruebas que en el pasado sirvieron para ilegalizar opciones políticas del entorno de Batasuna sería el hallazgo de cuentas bancarias conjuntas o reuniones orgánicas que reforzasen las evidencias de que estas plataformas obedecen a una estrategia concreta.    

  No sería la primera vez que los proetarras recurrieron a esta estrategia de las agrupaciones de electores para burlar la Ley. El último precedente se produjo precisamente con motivo de las últimas elecciones municipales, celebradas el 27 de mayo de 2007. Para aquella cita electoral, la ya ilegalizada Batasuna presentó una marca electoral llamada Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo por considerarle supeditada a ETA.  

  Pero una vez ilegalizada la formación ASB, la alternativa fue tratar de participar en las elecciones por medio de las agrupaciones de electores. Todas y cada una de las candidaturas llevaban el nombre de Aberzale Sozialistak y seguidamente el nombre del municipio en el que se presentaba. Así, la izquierda abertzale logró reunir hasta 246 listas. Todas ellas fueron anuladas por los tribunales.

"PROYECTO ORGANIZATIVO"

   Batasuna ya tiene prácticamente finalizados sus trabajos para la creación de un nuevo partido político que contaría incluso con unos nuevos estatutos en los que se recogerían novedades en relación al rechazo a la violencia.  

  Fue el dirigente de Batasuna Txelui Moreno quien admitió este extremo y el diario Gara avanzó que este nuevo "proyecto organizativo democrático" se comprometería "públicamente con las vías exclusivamente pacíficas y con el rechazo del uso de la violencia para el logro de objetivos políticos".  

  Pero en caso de que esta nueva formación también fuera anulada por considerarse que actúa como sucesora de ETA-Batasuna, la presentación de agrupaciones de electores sería otra alternativa del brazo político de ETA para estar en las elecciones.

REFORMAS DE LA LEY ELECTORAL

   Precisamente, las agrupaciones de electores, es uno de los aspectos de la reforma de la Ley Electoral sobre el que están trabajando el Gobierno y el PP para perfeccionar las posibilidades de recurso y evitar que el mundo de ETA se pueda colar en las instituciones por esta vía.   

Hasta el momento y según está redactada la reforma de la Ley, si Batasuna elige finalmente concurrir mediante agrupaciones de electores, y evita respaldar públicamente las candidaturas hasta diez días antes de las elecciones, los tribunales tendrían muy difícil impedir que sus electos tomasen posesión.

   Por ello, el Gobierno se ha comprometido con el PP a buscar una fórmula jurídica que permita recurrir durante la campaña electoral las candidaturas de las agrupaciones de electores. Algo que sí se puede hacer con los partidos, las federaciones y las coaliciones porque se les aplica la ley de Partidos Políticos, mientras que esta ley no rige para las agrupaciones de electores.  

  El Gobierno y el PP están trabajando en este asunto ya que, según las fuentes consultadas, se trata de que si se presentan agrupaciones que pueden estar vinculadas con Batasuna, éstas no lleguen al día de las elecciones.

  La razón es que una vez que cuenten con electos, sería prácticamente imposible lograr que esos electos perdieran el escaño. Se debe a que las agrupaciones electorales dejan de existir una vez que se produzcan los comicios y si no se pueden ilegalizar posteriormente porque no existen, tampoco se puede exigir a sus electos que rechacen los postulados de la formación ilegalizada, como prevé la reforma de la Ley Electoral para el caso de los partidos políticos.