El caso se abrió en 2005, cuando el exdictador fue acusado de evasión fiscal tras descubrirse que poseía varios millones de dólares en cuentas extranjeras.

Su fortuna fue calculada en 21.320.110 dólares (algo más de 16 millones de euros), de los que casi 18 millones de dólares (unos 13,5 millones de euros) eran de origen desconocido. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2007 la anulación de los cargos dictados por el entonces juez que instruía la investigación, Carlos Cerda, en contra de la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, y sus cinco hijos. El juez del caso, Manuel Antonio Valderrama, ha explicado que las investigaciones han determinado que habrían sido seis antiguos oficiales del Ejército los responsables de malversación de fondos al ayudar a Pinochet a abrir cuentas bancarias en el extranjero y desviar fondos públicos.

Los encausados son los exgenerales Jorge Ballerino y Ramón Castro que, según el expediente, abrieron la primera cuenta secreta del exdictador, que derrocó el 11 de septiembre de 1973 al entonces presidente electo Salvador Allende, en el Banco Riggs de Estados Unidos.

Junto a ellos han sido procesados el general Sergio Romero Saravia y los coroneles Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean.

El Consejo de Defensa del Estado y los abogados de la acusación cuentan con 15 días de plazo para solicitar la reapertura de la causa y el inicio de nuevas diligencias. Pese a ello, el abogado querellante Alfonso Insunza ha sostenido que la causa no avanzó mucho desde la muerte de Pinochet en 2006 debido a la "falta de interés", según ha informado el diario argentino "La Nación". "Hubo falta de interés en seguir la causa y terminó en muchas aristas que quedaron poco claras, pero de todas maneras, en algún momento el juez Sergio Muñoz -que abrió el caso- investigó bastante, después el juez Cerda. Cuando se sacó a Cerda, la causa decayó y definitivamente no se investigó nada", ha apuntado.

Por su parte, la familia de Pinochet se ha mostrado satisfecha con el cierre del caso y ha destacado que el proceso fue "una venganza política". En este sentido, Rodrigo García Pinochet, nieto del exdictador, ha indicado en declaraciones a Radio Cooperativa que "todo lo que se dijo, argumentó y acusó fue un caso absurdo". "Es satisfactorio saber que finalmente la justicia determina que no hubo responsabilidades y que no hubo y que no se cometió ningún acto ilícito. Estoy tranquilo y la familia está tranquila. Creo que ha sido uno de los casos donde más se ha pedido información a nivel mundial", ha agregado.