El centro de la polémica es la declaración que Humala y su homólogo boliviano, Evo Morales, suscribieron el martes al término de su reunión en Puno (Perú), un largo texto de 36 puntos que hace un alegato a favor de la causa marítima al final de su articulado.

   "Perú mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia (...) y expresa sus fervientes votos para que pueda alcanzarse una solución satisfactoria a la referida situación", reza el punto 32.

   Además, tanto Morales como Humala "reafirmaron la significación de las normas del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, el rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias".

   La respuesta de Chile no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz, pidió a ambos países que clarificaran su declaración conjunta "porque hay una mención al uso de la fuerza que no atinamos a entender".

   Sin respuesta de Lima o La Paz, la prensa chilena informó de que Bachelet había decidido suspender la reunión que tenía previsto mantener con Humala la próxima semana en Paracas, en los márgenes de la cumbre de la Alianza del Pacífico.

   Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por 'El Mercurio' explicaron que para La Moneda el respaldo expreso de Perú a la demanda boliviana "va más allá de todo" lo aceptable en términos diplomáticos y que incluso se evalúa enviar una nota de protesta.

   Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Javiera Blanco, ha aclarado este jueves que no había programada ninguna reunión entre Bachelet y Humala y que la presidenta chilena pretende viajar a Perú para asistir a la cita regional.

   "Así es que la próxima semana efectivamente la Presidenta va a estar viajando a la cumbre, pero por agenda se hace imposible poder llevar adelante cualquier tipo de bilateral", ha recalcado la secretaria general de La Moneda.

RELACIONES TENSAS

   Este incidente ha tensado las relaciones entre Perú y Chile justo cuando empezaban a remontar después de una época de vaivenes por casos de espionaje y disputas territoriales.

   A principio de año, la revelación de que oficiales peruanos habrían sido reclutados entre 2006 y 2011 por militares chilenos que se hicieron pasar por empresarios pesqueros italianos llevó a una crisis diplomática que tardó varios meses en solucionarse.

   Este escándalo obstaculizó la mejora de los vínculos bilaterales iniciada a partir de que ambos gobiernos aceptaran el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de enero de 2014 en el que se ratificó la actual frontera marítima en las 80 primeras millas náuticas y, a partir de esta franja, reconoció la soberanía de Perú hasta las 200.

CAUSA MARÍTIMA

   El conflicto territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.

   Chile asegura que con el acuerdo de paz --que fue ratificado por ambos parlamentos 20 años después-- se establecen las fronteras, también las marítimas, de las naciones combatientes, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial.

   Bolivia argumenta que el acuerdo de paz es "injusto, incumplido e impuesto" y ha rechazado la intangibilidad de los tratados internacionales, recordando que Estados Unidos se avino a superar el firmado en 1903 con Panamá.

   En un intento por destrabar el conflicto bilateral, el Gobierno de Morales y el de la también entonces presidenta chilena firmaron en 2006 una agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima para Bolivia.

   No obstante, el diálogo nunca llegó a iniciarse, más allá de las reuniones de trabajo, por lo que finalmente el 24 de abril de 2013 el Gobierno boliviano presentó una demanda en la CIJ para exigir su salida al mar a Chile.