La decisión de los 'populares' de aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley en la Comisión de Economía, lo que abre la puerta a la posible inclusión de enmiendas, no cambió la postura de los grupos de la oposición, que uno a uno fueron criticando el "despotismo" con el que el Ejecutivo ejerce su mayoría absoluta, despreciando la función parlamentaria e incluyendo medidas de muy variado tenor en un único texto normativo.

   Y es que el decreto incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil a rebajas fiscales para autónomos, cambios en la gestión de los Puertos, medidas para la privatización de Aena, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.

   En total, 172 páginas que cambian 26 leyes de nueve ministerios distintos, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que llegó a la Cámara el lunes por la tarde. De hecho, este mismo jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba casi 70 correcciones, lo que ha sumado argumentos a la oposición de la "irresponsabilidad" que supondría apoyar un texto que han tenido tan poco tiempo de estudiar.

MEDIDAS URGENTES.

  Unas medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de urgentes para impulsar el crecimiento económico aprovechando la incipiente recuperación, y que movilizarán un total de unos 11.000 millones de euros. Por eso, ha acusado a la oposición de buscar "excusas de forma" para no apoyar al Gobierno y ha recordado que en los 40 años de Democracia se han aprobado más de 560 decretos, que es un instrumento "legal" y para nada nuevo.

   En este punto, ha acusado además al PSOE de criticar lo que practicaba profusamente cuando ocupaba el Gobierno, incluyendo también en sus decretos asuntos de diverso pelaje, y ha recordado que con los socialistas "se podía hacer esto y los mayores recortes de la Democracia" por decreto.

  El portavoz 'popular', Alfonso Alonso, ha ido incluso más allá y ha acusado a los grupos de "montar bronca" para "no hablar de que el tiempo de los ajustes ha pasado" e impedir al Gobierno dar "buenas noticias", y ha recordado que la función parlamentaria se cumple con el trámite de la convalidación, que en cualquier caso es sólo "el principio del debate", que continuará con el proyecto de ley.

   Sin embargo, los portavoces de los diferentes grupos de la oposición le han recordado que muchas de las medidas llegan con meses de retraso, sin que haya habido explicaciones del Gobierno ante la Cámara pese a las reiteradas solicitudes y que se podían haber aprobado igualmente en diversos decretos para favorecer su debate en profundidad.

   De hecho, las formas para la aprobación del decreto han disgustado tanto en las filas de la oposición que no sólo han llevado a votar en contra a formaciones como PSOE o CiU --que ha reconocido que habría apoyado algunas de las medidas si se hubieran presentado de otra forma--, sino que incluso han motivado la decisión de no votar de los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

   Además, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha confirmado durante el debate la intención de su grupo de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, impugnación que abrirá al resto de grupos de la oposición.