El año que vivimos pudiera ser uno más, sin pena ni gloria, si no nos atenemos a nuestra propia historia, que no es otra cosa que nuestra esencia. Ciertamente hay quien no sólo no la quiere ver, reconocer o sentirse orgullosa de ella, sin falta de grandes aspavientos, pero sigue siendo nuestra por mucho que incluso se intente tergiversar o doblegar a los oportunismos políticos y a la inconsciencia nacional. En este punto, me tengo que referir a nuestra Guerra de Independencia, e insisto y suscribo nuestra, pues es de todos, independientemente de aquellos que por modas o fanatismos no lo quieran reconocer. Y hablo en este artículo en concreto de las Cortes de Cádiz de 1810, un hito para los españoles de aquel entonces, comprendiendo a todos, y esto es a los que vivían en ambos hemisferios. Efectivamente, y no nos debe pasar desapercibido, que entonces comenzaron a fraguarse concepciones que hoy en día tenemos como evidentes y que no necesitan mayor explicación, pero que en aquel momento eran algo revolucionario (no necesariamente con tintes sangrientos), como una nueva concepción de ciudadano en el contexto de una guerra de liberación.

 Y, llegados aquí, ¿no hemos entonces que reconocer a los próceres, primeros padres de la España moderna que fueron a Cádiz para recomponer una nación dividida, con un turbio devenir? Creo, y lo digo a mi pesar, que en nuestro país hay complejos por reivindicar nuestra propia historia, o incluso tenemos a gala echar piedras contra el tejado, curiosamente un país que no tiene nada que envidiar a otros. Pero ¿qué se puede esperar de quien llega a ver debate en el concepto de nación, que a su parecer puede ser discutido y discutible? Lo lógico entonces es preguntarle a quien pronunció tal cosa sobre qué gobierna y, evidentemente, si no lo tiene claro… así nos va. Prueba de ello fue que en el bicentenario de 1808 apenas hubo repercusión o actividades como se mereciera (en mi opinión) y sin que causara grandes gastos en la crisis que nos acosa –soy de la opinión de que las celebraciones se pueden llevar a cabo sin despilfarrar-. Pero no tengo espacio, ni ganas ni tiempo en este momento de perderme en protestas y reivindicaciones más de lo que acabo de apuntar, que no es poco. No obstante y sin embargo, sí hubo una muy buena iniciativa que da a conocer la memoria de aquellos padres de una nueva nación como es la edición del Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Tal proyecto implica a todas las regiones, con un equipo de selectos investigadores en cada una y dirigidas a nivel general por un vasco de pro como es D. Mikel Urquijo Goitia. Ya sé que no es necesario decir que tal director sea oriundo de tan bella tierra, pero en un país de contradicciones y dichos complejos, hasta puede llamar la atención. Tal ambiciosa empresa no se circunscribe únicamente al período de 1808-1814, sino que se prolongará y adentrará en el siglo XX. Y así y no sin contratiempos, acaba de ver la luz su primer volumen, éste sí dedicado a los días de Cádiz, publicado en Madrid por las Cortes Generales.

 En este punto, la importancia de esta obra es evidente (y no lo digo por estar personalmente implicado en la misma), pues es acercarnos a los planteamientos y concepciones, con nombres propios, que hoy en día no debemos perder de vista para que, incluso, no se nos tome el pelo. No trato ahora de hacer una exposición científica de lo acordado por los diputados de antaño, que no es éste el lugar, pero sí quiero hacer una simple consideración. Entiendo que sólo con lo que voy a exponer ya tiene valor aquel hecho y el Diccionario al que me refiero. Y no es otra cosa que aquellos españoles, ahora ciudadanos, comenzaron a ver precisamente en la Guerra de la Independencia una significación de sí mismos respecto a sus derechos y deberes en relación con el Estado, dejando más relegada la de súbdito. Fue entonces cuando el rey podía ser un elemento aglutinante, pero no esencial. Dejó de ser imprescindible ante las voluntades del pueblo (y la lucha armada), incluso por entronizarlo. Curiosamente en lo que nos ocupa para darle la corona a un monarca que pasará a la Historia con negra memoria. Así ciertamente la Constitución establecía la soberanía de la nación, “que no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona”. Igualmente se reconocieron derechos básicos como el de la igualdad jurídica, la inviolabilidad de domicilio o la libertad de imprenta. A la par se abolía el tormento en las actuaciones judiciales, se suprimían los señoríos jurisdiccionales y el vasallaje y con ello los restos de feudalismo, entre otras medidas. Era un nuevo modelo social que partía de una concepción individualista de los principios de libertad, igualdad y propiedad. Ciertamente, hay quien diga que tales concepciones no eran puramente hispanas, sino que se pueden rastrear en la Independencia de los estados Unidos y de la Revolución Francesa unos años atrás. Pero lo que se adoptó fue por y para los españoles. Curiosamente será precisamente enfrentándose con las armas con el país vecino cuando tales disposiciones tomen forma legal en Cádiz y vea la luz la Constitución de 1812, conocida como La Pepa (por promulgarse el día de San José). Comenzó entonces la historia constitucional española, tan aplaudida hoy con sinceridad por unos y con demagogia por otros. Tales concepciones jurídicas de nuestros antepasados de aquellos años en tanto a sí mismos eran tan nuevas que ni siquiera venían recogidas en el Diccionario de la Real Academia en vigor (de 1803), pero ya estaban ahí y se procedía según ellas. Es entonces cuando realmente se rompe con la sociedad estamental siendo evidente que ya no había grupos definidos por su función, como el de la nobleza, que pierde su primitivo valor al pasar la misión defensiva de la sociedad (planteamiento sancionado en la Edad Media) a todos sus componentes sin distinción.

 Ahora, y dicho todo esto, ¿no debemos felicitarnos por aquellos hechos y la edición de la obra coordinada por Urquijo Goitia? Me parece evidente que así es, aunque estemos en muchos aspectos en un contexto de irresponsabilidad histórica. Tristemente los logros de Cádiz fueron ensombrecidos, quedando en simples voluntades por el Decreto de 4 de mayo de 1814 -con el que el rey Fernando VII (que casi irónicamente fue llamado El Deseado) anulaba la Constitución de 1812 y los demás decretos de dichas Cortes-. Pero hoy podemos acercarnos a aquellas intenciones de Patria, libertad y avance hacia el futuro tomando sus ejemplos, remarcados en el Diccionario de parlamentarios españoles. Eso sí es una memoria histórica que merecela pena hoy en día, sin voluntades de enfrentar a nadie.