La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto por el que el juez José Castro puso este miércoles fin a las pesquisas del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la Infanta Cristina, y lo ha hecho a través de un escrito de 63 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

El fiscal Pedro Horrach ha acudido pasadas las 9.30 horas a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución. En concreto, Castro ha dado tres días a las partes para que puedan recurrir en reforma -ante el propio Juzgado- la resolución judicial, y cinco días para que puedan hacerlo directamente ante la Audiencia.

En un duro recurso, Horrach critica que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 haya hecho sobre la Infanta "un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio".

"Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados", subraya tajante el fiscal, contraponiendo estos aspectos a una instrucción "presidida por un credo y no por la sana guía de la duda".

En esta misma línea, el representante del Ministerio Público acusa a Castro de verter "insinuaciones" que considera "un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental. Y ello porque, ironiza, "la realidad 'no vende' y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales".

Es más, critica el hecho de que el juez "construye un andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina" -ser socia de Aizoon, cónyuge de Iñaki Urdangarin y haber realizado gastos personales con cargo a esta mercantil*-, y asevera que "cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal la inconsistencia que una leve brisa lo desmorona".

"ES IMPOSIBLE INSTRUIR SIN CONVERTIRSE EN PARTE"

Horrach, quien solicita asimismo que se revoque la imputación de un delito contra Hacienda por parte de Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, arremete asimismo contra Castro al considerar que es "material e intelectualmente imposible instruir y no prejuzgar, instruir sin convertirse en parte; es imposible instruir y simultáneamente ser el órgano valedor de las garantías de los derechos de las partes".

En su escrito, el fiscal subraya cómo se ha tomado declaración a cientos de testigos vinculados laboral o comercialmente con el Instituto Nóos y Aizoon -la sociedad de la que la Infanta e Iñaki Urdangarin son copropietarios al 50 por ciento-, "sin que se haya puesto de manifiesto una mínima participación de Doña Cristina de Borbón en la gestión mercantil de la que es socia". "Se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria", recalca.

Junto a ello, lamenta que también se excluye en el auto de Castro referencia alguna a los "miles de correos" intervenidos que acreditan que en la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizoon "no intervenía" la Infanta, al igual que "las decenas de correos electrónicos que revelan la nula participación de ésta en la decisión de imputar facturas de gastos como costes de explotación de la mercantil".

"El instructor afirma la existencia de sobrados indicios de que Doña Cristina colaboró activamente con el administrador de Aizoon [en referencia a Urdangarin], posponiendo a un momento posterior la descripción de los mismos. Sin embargo, el 'como más adelante se verá' se convierte en un 'como nunca se verá', porque no menciona ni antes ni después indicio alguno de esa supuesta colaboración", recalca el fiscal.

De hecho, recrimina que el magistrado se base para incriminar a la hermana del Rey en indicios como la contratación de personal doméstico a cargo de Aizoon, la participación como intermediario del asesor de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, o el incremento del nivel de vida de los Duques. Es más, abunda en que las afirmaciones de carácter tributario expuestas por Castro son "inocuas a efectos penales" puesto que, en su caso, "únicamente constituirían infracción administrativa".

EL CAMBIO DE CRITERIO DE CASTRO

El fiscal se pregunta asimismo a qué se debe el cambio de criterio adoptado por Castro desde que en marzo de 2012 rechazase imputar a la Infanta. "Ante la falta de nuevos datos que contradigan o desvirtúen lo que en el año 2012 manifestó el instructor, cabe preguntarnos a qué se debe este cambio de criterio tan radical". Por qué lo que era blanco y transparente en 2012 muta a oscuro y con tintes criminales en 2014", remacha.

En este sentido, Horrach apunta que afirmar ahora que la Infanta, al constituir Aizoon, "coparticipaba en un plan criminal para que su cónyuge, cuatro años después, en 2007, pudiese defraudar impunemente a la Hacienda Pública en el IRPF, es una presunción huérfana de indicio probatorio". "Los hechos justamente demuestran lo contrario", añade.

"ESPIRAL INQUISITIVA ALIMENTADA DE MERAS SOSPECHAS"

Asimismo, recalca que demostrar que la hermana del Rey "conocía y participaba" de la gestión social de Aizoon "requiere utilizar indicios mínimamente solventes y no seis insulsos documentos de los años 2003 y 2004, cuyo contenido refleja una natural comunicación entre cónyuges, ninguno de los cuales, por otra parte, tiene relación con Aizoon".

De forma paralela, Horrach recrimina que Castro utilice la "doctrina de la ignorancia deliberada" por parte de la Infanta para justificar su encausamiento, lo que constituye "un recurso taimado" y "una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas".