El escrito provisional de acusación, que ha sido presentado este martes ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal por el fiscal Vicente González Mota, imputa a los ocho acusados un delito de integración en organización terrorista por impulsar una "alianza independentista" que tenía por finalidad "llamar a la incorporación de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Abertzalen Batasuna (AB) y ELA al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado".

  Además de Otegi y Díez Usabiaga, se sentarán en el banquillo de los acusados Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika en Álava; así como José Luis Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra.

   Todos ellos formaban la Comisión Permanente de Bateragune y fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 durante una reunión que celebraban en las dependencias de LAB en San Sebastián, que utilizaban como "cuartel general" y a la que denominaban "la sede del sindi". Actualmente, sólo Otegi, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto permanecen en prisión, ya que Díez Usabiaga se encuentra en libertad provisional para cuidar a su madre.

POLO SOBERANISTA Y CONFRONTACIÓN CON EL ESTADO   

El escrito del Ministerio Público defiende en sus 21 páginas que ETA ha dirigido todas las actividades de Bateragune, que se encargaba de "coordinar" y asumir la "dirección política" del denominado "frente institucional" de la organización terrorista, llevar la confrontación política "hasta el punto más álgido" presentando la violencia como "consecuencia del conflicto existente entre Euskal Herria y el Estado español" e impulsar una "mayoría social política que hiciera posible la convergencia soberanista".

 Este último objetivo, expuesto en varios documentos intervenidos al etarra Ekaitz Sirvent tras su detención en abril de 2009, perseguía construir "una alianza nacional popular" que planteara "una estrategia de construcción nacional, unificación de fuerzas a favor de los derechos de Euskal Herria y elaboración de una línea de actuación de desprestigio del Estado".   

En el documento Komunikazio Orokorra de ese mismo año, la organización terrorista se dirigía a Batasuna señalándole "la necesidad de contactar con Eusko Alkartasuna para la articulación de fuerzas independentistas".

Del mismo modo, valoraba de forma negativa el apoyo a la candidatura de Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de 2009 por ser "una opción que no se había tomado por la dirección" y señalaba de forma rotunda que "los diseños profundos y concretos del proceso democrático los concreta ETA, y ETA con la responsabilidad de la Izquierda Abertzale". "Todos los demás pueden ser diseños de los procesos democráticos sin ETA, no los de ETA", añadía la banda.

PARONES EN LA LUCHA ARMADA   

Para ello, como "método de trabajo" la organización terrorista diseñó la "combinación de parones en la lucha armada con la acción terrorista". Así, entre abril y agosto de 2009 colocó un artefacto explosivo contra un repetidor de comunicaciones, asesinó al policía Eduardo Puelles, cometió el atentado contra la casa-cuartel de Burgos, mató a los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáez de Tejada y colocó varias bombas en establecimientos comerciales de Palma de Mallorca.  

  En concreto, la Fiscalía detalla que Otegi, que  era conocido internamente con el alias de Ronaldinho, y Díez Usabiaga participaron en al menos diez reuniones internas de Bateragune, escribieron artículos en el diario Gara y ofrecieron ruedas de prensa y entrevistas en las que postulaban "los objetivos que con posterioridad se han podido averiguar que eran los de ETA". El resto de acusados participaron en encuentros internos y en varias comparecencias ante los medios de comunicación. 

   El canal de interlocución entre ETA y Bateragune también se mantuvo, según la Fiscalía, en los desplazamientos y entrevistas que Otegi celebró con miembros de la banda o de Batasuna en prisión, como Ibon Arbulu, Juan Francisco Gómez López y José Luis Elkoro. Además, el ex portavoz abertzale viajó en dos ocasiones a Francia, a pesar de que lo tenía prohibido en el marco de la causa de las herriko tabernas, para reunirse con dirigentes etarras, entre ellos Jokin Etxebarria, antiguo responsable del aparato político.   

La causa de Bateragune fue instruida por el juez Baltasar Garzón que, en su auto de procesamiento destacaba que entre marzo y octubre de 2009 los ocho detenidos trabajaron para "crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista" que diera forma a la "estrategia político-militar" de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista para la primavera de 2010.