Según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con esta norma se derogará la de 1985, a la que ha definido como "una buena ley", pero que, en la actualidad es necesario que sea "adaptada a las nuevas demandas de las sociedad española y a los nuevos tipos de emergencias y catástrofes". Además, ha añadido que con el texto recogido en el anteproyecto, se asumen también compromisos internacionales.

   Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que la iniciativa pretende ordenar y actualizar el marco jurídico en la protección civil y que el anteproyecto da un "salto cualitativo" de una norma de hace 30 años a un Sistema Nacional de Protección Civil "con el cuidado" que ha establecido en el ámbito competencial el Tribunal Constitucional.

    "Si es aprobado estaremos en presencia de un texto que pretende que España se configure como uno de los países con un sistema de protección civil con un sistema más avanzado y de los mejor ordenado del mundo", ha anunciado.

   En este contexto, ha comentado que la protección civil se ha ido desarrollando de manera muy intensa en todos los países, pero que en España no hay una referencia directa en la Constitución. En la realidad, el Tribunal Constitucional ha considerado que la protección civil es una materia de competencia pública.

   A su juicio, el proyecto era necesario porque la ley regula una materia que estaba naciente hace treinta años y en la actualidad ha tomado "absoluta categoría de realidad" a todos los niveles, local, regional, nacional y comunitaria.

   El ministro ha calificado la ley de 1985 en su momento como "absolutamente novedosa" pero ha añadido que desde entonces han ido surgiendo "nuevas realidades" y organizaciones como la Unidad Militar de Emergencias, los servicios del 112, la Escuela Nacional de Protección Civil, que han surgido "al albur de la realidad social y que es inevitable, porque las catástrofes naturales o accidentes producen situaciones de emergencia que necesitan de una respuesta de todos los poderes públicos".

   Fernández Díaz estima que tras estos desarrollos han surgido nuevas organizaciones y, por ello, se tenía que pasar de una concepción unitaria a un sistema nacional, acorde con un país de administración descentra

El titular de Interior ha recordado que esta realidad ha sido reconocida en el ámbito parlamentario por distintos grupos y ha subrayado que "había acuerdo en que era necesaria una norma que pusiera al día el sistema de protección civil en España".

   El anteproyecto recoge también, según ha añadido, aspectos de cooperación y coordinación de los distintos órganos y administraciones que participan en estas situaciones y "por primera vez" define el concepto de Protección Civil en España como "un servicio público" y como un "instrumento de la política de seguridad nacional". El texto pretende dar "más seguridad jurídica" ya que define "mejor" las conductas ajenas a la ley aunque mantiene el mismo régimen de sanciones.

REGULA LOS VOLUNTARIOS Y LAS ORGANIZACIONES

   Igualmente, ha añadido que el anteproyecto incorpora instrumentos "novedosos" como la red de alerta nacional y precisa cuestiones "muy importantes" como son las competencias de la Administración General del Estado, al tiempo que desarrolla la participación y la formación del voluntariado.

   En este ámbito, ha indicado que se estima que en España hay más de 25.000 voluntarios de Protección Civil integrados en unas 2.000 asociaciones y organizaciones dedicadas a este fin.

   Entre los datos aportados por Fernández Díaz, ha precisado que según datos del Consorcio de compensación de seguros, el impacto económico de las emergencias y catástrofes asciende a 400 millones de euros al año. Sin embargo, ha destacado que España es un país que sufre "menos pérdidas" que otros en términos comparativos y ha defendido que esto se debe a las políticas preventivas desarrolladas desde hace 30 años.

   Sobre la participación y consulta del texto, ha indicado que se va a someter al Comité Nacional de Protección Civil y al de la Administración Local, en el que participan las distintas administraciones del país. A continuación, una vez pasado el anteproyecto por estos dos órganos consultivos, el texto se someterá como Proyecto de Ley nuevamente al Consejo de Ministros.

   El ministro ha reiterado que se ha mantenido y se mantendrá diálogo con todas las comunidades autónomas sobre el texto y ha agregado que aunque se ha dialogado con todas ellas, se ha hecho "de forma especial" con Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.

   Finalmente, Fernández Díaz ha elogiado a la Unidad Militar de Emergencias, de la que ha recordado que su creación fue controvertida y que, años después se ha convertido en "un instrumento del Estado para hacer frente con eficacia a las situaciones declaradas de emergencia".

   "Las comunidades autónomas están encantadas de ser auxiliadas por la UME. Cuando hablamos de emergencias y catástrofes, es preciso delimitar los ámbitos competenciales, pero dicho eso, el objetivo es tener los recurso humanos y materiales para que estas situaciones de emergencia sean superadas", ha apostillado.