Los eurodiputados perfilaron sus líneas rojas el pasado diciembre al adoptar en comisión un enfoque general redactado por la socialista alemana Ulrike Rodust y que este miércoles se someterá al pleno, junto a un centenar de enmiendas de transición que reducen las cerca de 3.000 presentadas inicialmente.

   En un debate el día previo al voto, Rodust ha pedido a los eurodiputados que confirmen este enfoque para "acabar con la sobrepesca y con el expolio de los mares" que, hasta ahora, ha permitido la actual y "nefasta" política pesquera europea.

   Uno de los asuntos clave de la reforma es el de los descartes, la pesca accesoria que, ya muerta, es devuelta al mar por su escaso valor en el mercado y que representa en torno al 23% de las capturas de la flota comunitaria.  

Los eurodiputados se muestran favorables en general a vetar los descartes, pero no de manera inmediata como reclama la comisaria de Pesca, María Damanaki, sino de manera progresiva a partir de 2014, de acuerdo a un calendario específico por especie que culminaría con una prohibición total en 2020. 

  Rodust ha defendido en el debate que este calendario permitirá a la flota adaptarse y, si bien ha concedido que esta medida "exigirá mucho a los pescadores", también ha subrayado que será una "oportunidad" para mejorar su imagen ante la sociedad y para aumentar a largo plazo la cuota de quienes sean más sostenibles. 

  Este calendario progresivo, sin embargo, no convence al Partido Popular Europeo (PPE), principal grupo en la Eurocámara, que ha presentado una enmienda para flexibilizar aún más el veto a los descartes. 

  "Es más fácil decirlo que hacerlo", ha dicho la eurodiputada española Carmen Fraga (PP) sobre la política de fin de los descartes, quién ha pedido "racionalizar" el modo de aplicación porque, a su juicio, prohibir esta práctica de inmediato "es simplemente como prohibir que alguien enferme", sin poner un tratamiento. Fraga ha explicado la enmienda de su grupo y ha confiado en cuando arranquen las negociaciones con los Veintisiete se imponga este enfoque más suave. 

  El ministro de Pesca irlandés y presidente de turno de la UE, Simon Coneney, ha asegurado que los 27 también son favorables al fin de los descartes, a avanzar hacia el RMS y a asegurar una gestión sostenible de los recursos, al tiempo que ha advertido de la urgencia de las negociaciones para lograr un acuerdo político entre las partes antes de que acabe junio. "Si no se hace ahora, existe el peligro de que perdamos ese impulso y no veamos la reforma esta legislatura", ha alertado a los eurodiputados. 

Los Veintisiete tienen que pactar este mes su posición negociadora sobre la reforma, pero en una discusión inicial el pasado verano fijaron calendarios similares a los que plantea el informe Rodust en cuanto al compromiso de acabar con los descartes y asegurar el RMS, es decir, de manera escalada y no inmediata. 

  La comisaria Damanaki, por su parte, también ha intervenido en el debate en Estarsburgo para dejar claro que "no se puede justificar" que se tire el pescado al mar y ha defendido uan reforma radical con la que, asegura, se creará un 30% más de puestos de trabajo y se aumentará en u 25% los ingresos de los pescadores. 

  El eurodiputado portavoz de la comisión de Medio Ambiente en el PE y miembro de los liberales europeos (ALDE), Chris Davis, ha apostado por el fin de los descartes por una cuestión "moral" y, sobre el rechazo del sector, ha opinado que "los pescadores pueden ser su peor enemigo". 

  Desde la Izquierda Unitaria también han defendido esta posición porque con el ritmo actual de pesca "no quedará ni un solo pez para la pesca comercial en 2015", según ha dicho el galo Younous Omarjee, quién, con todo, ha reclamado "ayudas de acompañamiento" y "medidas de compensación" para la flota.

   Los eurodiputados también tendrán que decidir con el voto de este miércoles si respaldan o rechazan la idea de un sistema de derechos transferibles de pesca, que la comisaria Damanaki quería de carácter obligatorio y que España veía con buenos ojos. Es un asunto sobre el que los eurodiputados se han mostrado reacios, pero que fue aprobado en un voto ajustado en comisión europarlamentaria con la condición de que fuera un régimen voluntario para cada país, posición ampliamente defendida por los Veintisiete en el Consejo.