El presidente del Tribunal Supremo ha asegurado que el respeto al Estado de Derecho constituye una "exigencia ineludible" para pertenecer a la Unión Europea y que esta "lealtad institucional" impide el "cambio unilateral de las reglas del juego" que han de regir nuestras convivencia, en referencia al proceso soberanista catalán aunque sin citarlo expresamente.

Lesmes se ha pronunciado así en el solemne acto de apertura del Año Judicial celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo que ha estado por primera vez presidido por el Rey Felipe VI, con toga y el collar de la Justicia.

La ceremonia ha contado con la presencia de toda la cúpula judicial, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, además de políticos como el secretario general del PSOE Pedro Sánchez, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González o la alcaldesa de la capital Ana Botella.

En su intervención, Lesmes ha expresado que los jueces son conscientes de que España experimenta "importantes transformaciones" y padece "incertidumbres sociales y políticas", lo cual afianza su convicción de que solo mediante la observancia del Derecho, el respeto a la Constitución y "en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles".

Dicho esto, ha mostrado el compromiso de los jueces españoles en la defensa del Estado de Derecho y de una Justicia independiente al servicio de los ciudadanos. "Estos valores que nos comprometemos a defender se fortalecen también con la lealtad institucional que reclama nuestra integración en la Unión Europea, constituyendo el respeto al Estado de Derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia", ha remachado.

Mientras, se escuchaban los pitos y las consignas de un grupo de funcionarios concentrados a las puertas del alto tribunal en protesta por la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles, el "deterioro" de la Justicia y la reforma del mapa judicial. Los sindicatos han convocado la manifestación con el lema "Gallardón acaba con la justicia para todos" en la que los participantes han reclamado la dimisión del ministro.

LOS JUECES AGILIZARÁN LA TRAMITACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN

El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha referido también al problema de la corrupción, destacando que la tramitación de los asuntos extendida en el tiempo "más allá de lo razonable" genera "desaliento en la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que el Poder Judicial se implicará "activamente" en la lucha contra esta "lacra social", que está minando la credibilidad en las instituciones". "Nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción", ha destacado.

Lesmes, que dirige el órgano de gobierno de los jueces, ha aprovechado la ocasión para agradecer la "encomiable responsabilidad y dedicación" de los vocales del CGPJ a lo largo de estos nueve meses de mandato. Además, ha celebrado su satisfacción por los tiempos de respuesta del Supremo, en la vanguardia" de los tribunales de casación europeos.

En este escenario, ha dado a conocer que las sentencias dictadas durante el año pasado por los tribunales españoles se elevan a 1.571.391, se ingresaron más de 8.600.000 asuntos y se resolvieron casi 9.000. La duración media estimada en todas las jurisdicciones se situó en el umbral inferior a los doce meses.

Finalmente, Lesmes ha centrado su discurso en la importancia de la Europa del Derecho para dar respuesta a las nuevas necesidades, amenazas y riesgos. Ha recordado que la cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea culminó con el reconocimiento del "derecho al olvido" en Internet e hizo posible que 500 millones de europeos tengan un nuevo mecanismo de protección en su privacidad.

El presidente del Supremo también ha querido recordar la iniciativa del juez de Barcelona en el 'caso Aziz' que contribuyó a identificar la "inveterada figura del deudor hipotecario con la de un moderno consumidor". En total, han sido 313 las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales españoles hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ha hecho hincapié en que la cooperación entre los jueces y la tutela de los derechos humanos les lleva a interiorizar este acervo común y ha defendido que los altos tribunales nacionales puedan solicitar al tribunal de Estrasburgo que emita "opiniones consultivas" sobre la interpretación de las libertades reconocidas en Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos.

"Lo señalado hasta ahora no constituye activismo judicial, en su acepción peyorativa de mero voluntarismo" ha señalado Lesmes, para apostar por la revitalización del ordenamiento jurídico ya que el reconocimiento judicial de nuevos derechos se presenta como un "formidable instrumento en beneficio de la cohesión social que garantiza nuestra convivencia".

El protocolo del acto ha recuperado el tradicional besamanos, que se ha celebrado tras los discursos y que había sido suspendido en las últimos años por la imposibilidad del Rey Juan Carlos de permanecer mucho tiempo de pie, según fuentes del alto tribunal. Al acto también han asistido el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, así como representantes de la Audiencia Nacional y vocales del CGPJ, entre otras autoridades.