En un momento terrible de la realidad Española, terrible en lo particular y familiar de tantos hogares en los que se acaba/rá la leña este invierno, puede parecer una frivolidad el ocuparse de proponer una reforma de un aspecto parcial del desastroso sistema político que padecemos, un brindis al sol tan poco práctico como podar una planta en un campo que está tan invadido por la maleza que mejor sería por empezar por quemarlo todo y volver a empezar usando sus restos como abono. Con más de un cuarto de la población activa sin empleo, y el 57% de la juventud en paro y/o condenada al emigrar, puede parecer un ocioso parche esta especulación. Pedimos perdón por adelantado.  

 Pese a ello, el lector me permitirá una sencilla propuesta, parcialísima respecto a un sistema que hace agua por todas partes. Podría verse como algo gratuito o frívolo, pero será simplemente una aportación limitada a un debate general, en este medio alcanzado por nada menos que toda una revolución en lo constitucional aportada por el sr. Montero. Es humilde no por falsa actitud, si no por que a su brevedad se une la autolimitación hacia las bases mismas del sistema políticofinanciero, cuya crítica requeriría mucha mayor profundidad y amplitud.  

 El sistema bicameral es un resabio de origen inglés, una transacción con el Antiguo Régimen, cuyo sentido era atenuar un hipotético radicalismo democrático, dejando una especie de segunda lectura moderadora para la nobleza y los territorios, contrapesando la cantidad por la calidad. En él votan los kilómetros cuadrados más que las barbas, y por eso el número de asientos no responde al de la población, al margen de que haya lores en Londres y senadores vitalicios en Roma. Es por ello rigurosamente antidemocrático,-para una cosa en la que acertó la II República-, pero es que además, es inútil; los partidos son los mismos, los partidos son los que mandan, y ese aparcadero ocioso de aforados bien pagados, cementerio de elefantes y aparcadero de estorbos autonómicos tiene una estupenda solución; el cierre y despido. Sin más. Sin pensión alguna que no sea el paro para el que no encuentre trabajo o la de retiro para el que tenga la edad. No añado una propuesta finalista para su coste y edificio, ¡hay tantas en la España actual!, para no ser tachado de demagogo o burlón. Aquí seremos simplemente económicos, lo mismo que lo seríamos con tantas instituciones ornamentarles: “defensores del pueblo”, “embajadas” regionales etc. Pero no nos desviemos de nuestro propósito.  

 El pretexto de representar a los territorios, atenuando la desproporción demográfica, si es visto como imprescindible, tiene una solución fácil, barata, con la responsabilidad personal perfectamente definida. Lo más democrático que se me ocurre es el sistema uninominal, que funciona en Francia o Inglaterra, y que se intentó en el pasado en España con los partidos judiciales como distrito, en un sistema, el de la Restauración alfonsinocanovista, viciado por el pacto de los partidos turnantes, que por cierto sigue en vigor en plenitud. Recuerdo perfectamente a Ismael Medina hace unos quince años: “ya veréis; dos mandatos para cada partido engrasando bisagras nacionalistas”. Es la tesis del antipático pero inteligente Trevijano. Las listas y los distritos intermedios lo que hacen es falsear los resultados y reforzar el poder de esa oligarquía a través del servil escalafón por que Robert Michels llamó "ley de hierro de los partidos". En concreto, sustraen al principio universal “un hombre, un voto”, el que debía ser adjunto; “un voto, igual que otro”, al margen de su reparto o concentración provincial. Sólo el distrito único, en España en las elecciones europeas, respeta esa regla de tres. Sólo el distrito uninominal establece un ámbito de ejercicio parcial de soberanía dando la victoria al más votado, que tendrá responsabilidad personal inequívoca ante sus electores, reforzando a la persona sobre el partido, y vinculando del algún modo sus compromisos con un mandato imperativo que era preceptivo en las formas de representación del pasado remoto o del derecho civil, y que la actual constitución burla expresamente. Se podría añadir otra vieja institución española; el “juicio de residencia”, que en el caso de incumplimiento de compromisos electorales al acabar el mandato supusiese una inhabilitación política vitalicia.  

  Todo lo más, se admitiría un eventual suplente como único residuo de las perniciosas listas. No cabría más manipulación que la resultante de la desproporción de medios en los apoyos de los candidatos, en todo caso algo atenuada respecto al sistema actual, o la de manejar el ámbito territorial del distrito. Si la cámara se compusiese rigurosamente de diputados uninominales, las circunscripciones electorales debieran ser lo más semejantes posibles, llegando a dividir las grandes ciudades en distritos, tomando a las provincias poco pobladas como referente para un solo escaño, y dejando la fracción de una determinada ratio, población-voto a favor de ellas, las islas menos pobladas y las dos plazas en África. Si lo que se quiere es reforzar la representación territorial sobre la numérica, como se supone hace el ridículo fósil del senado, es fácil; uno por cada provincia. 51 o poco más con los factores de corrección para islas que ya hay. Incluso, en plan nostálgico se les podría seguir llamando senadores.  

 En cualquier caso, el número de diputados más reducido que el actual, y, por aquello de un hipotético empate de estar todos, impar. A los partidos en esta mecánica, formalmente ni caso; cada colectivo ciudadano sería muy libre de apoyar al candidato de distrito que gustase, afiliado o no. Con su dinero.  

 Naturalmente que la afinidad ideológica habría de tener su lugar. Además es cierto que el sistema uninominal puede dejar fuera posturas que, siendo significativas, no fuesen las más fuertes en ningún sitio en concreto. Para eso se propone el factor de corrección del distrito único, que podría llegar hasta la mitad menos uno de la cámara. A regla de tres según la cifra de votos. Ya tenemos un consuelo para los partidos y sus adoradas listas. De este modo, un partido que obtuviese un 2-5% tendría un mínimo de voz, pero por haberlo obtenido concentrado en una región no tendría el antidemocrático sobrepeso que recoge nuestra ley actual, y que en caso de no gobernarse con mayoría absoluta, lastra todo nuestro sistema político.  

 No hay más que estudiar los sistemas electorales del Reino Unido o Francia para lo uninominal, el de Israel para lo proporcional, el de Alemania para armonizar ambos conceptos, y el nuestro, para saber precisamente lo que hay que evitar a toda costa.

  Si alguien objeta que eso facilitaría el fraccionamiento, considerando la simplificación como un bien superior a la representación proporcional, en tal caso, basta con disponer un % mínimo para acceder a ese reparto. Recordemos que la lista regional más votada, CyU, no alcanzaría nunca a un techo del 4,8% de la totalidad de los votos. Así pues, con ese listón, común en Europa, eliminado un problema específico español y antiespañol.  

 Si lo que se objeta es que se dificulta la mayoría absoluta. Anteponiendo de nuevo este bien como superior al de la representación proporcional, pues, sin hipocresía; se retoma la ley de la II República, que a su vez por cierto se inspiró en el Mussolini de 1922, y se refuerza lo que fuese necesario la opción más votada. Por ejemplo dando la mayoría absoluta automáticamente a la lista más fuerte, repartiendo el 49% en regla de tres a los demás.  

 De hecho el principio de unidad es, desde luego, más eficaz que el de dispersión. Por eso en situación crítica la república romana recurría a la dictadura, y la democracia ateniense a Pericles. Pero eso, como diría Kipling, “ya es otra historia”.  

 Esperemos que la de España no se acabe.    

Francisco Díaz de Otazu