España no reconoce aguas territoriales Gibraltar, porque en el Tratado de Utrecht solo se cedieron "ciudad, castillo, puerto, defensas y fortalezas" y, por lo tanto, ningún espacio aéreo ni aguas territoriales, una circunstancia que ha originado en varias ocasiones problemas en aguas de la bahía.

La propuesta de ley, que será presentada en el Parlamento gibraltareño en seis semanas, contempla una lista de monumentos y edificios históricos a proteger formada por 235 bienes, 80 de ellos de nueva incorporación, y a la que se suman 12 bienes sumergidos.

Entre otras cuestiones, la propuesta establece el registro de Zonas Históricas de Conservación, aunque aún no se ha designado ninguna, así como la creación de un registro de Monumentos e Inmuebles y de Zonas Históricas y Arqueológicas de Conservación y recoge restricciones sobre la retirada de antigüedades u objetos de interés de Gibraltar.

También contempla la creación de un Consejo Asesor de Patrimonio Histórico que asesorará al ministro en todos los asuntos relacionados con el patrimonio y las antigüedades y le presentará un informe anual que, a su vez, deberá ser expuesto ante el parlamento.

Los bienes contemplados en la misma disfrutarán de un régimen de protección contra daños, que en el caso de ser provocados por demolición o por el depósito de desperdicios o basura serán considerados delito, o por alteraciones por obras, que no obstante podrán realizarse siempre que se cuente con la debida autorización.

En virtud de esta propuesta, el Museo de Gibraltar, propiedad de la Corona, pasará a denominarse Museo Nacional de Gibraltar y pasará a contar con un conservador.

De la misma manera, se designará un archivero para el Archivo Nacional de Gibraltar. También contempla que todos los funcionarios o empleados que manejen registros públicos deberán seleccionar aquellos que sean de importancia para su conservación y posterior traslado al Archivo.

La propuesta de ley define la Fundación del Patrimonio de Gibraltar y revoca la Ley sobre la Fundación del Patrimonio de Gibraltar de 1989, de modo que la fundación seguirá existiendo y operando como si sus funciones hubiesen sido establecidas por esta propuesta de Ley.

El ministro de Patrimonio, John Cortés, ha subrayado que esta nueva ley marcará "una nueva y más eficiente manera de gestionar el patrimonio y refleja el interés de Gibraltar por esta cuestión, así como su sentido de la responsabilidad". "Sienta un sólido marco para la consulta y el avance en materia de protección de nuestros activos patrimoniales en tierra y bajo el mar", ha añadido.