El juez del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar como imputado al ex secretario de Estado de Deportes Albert Soler para que dé explicaciones sobre un contrato menor de 12.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona con el Instituto Nóos cuando él era director de Deportes del consistorio, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.  

  Soler, que ahora es diputado socialista en el Congreso, ha sonado en los últimos meses como uno de los posibles candidatos a batirse en unas primarias para elegir al candidato del PSC a las elecciones municipales del 2015 por el Ayuntamiento de Barcelona, donde empezó como funcionario y ocupó diversos cargos relacionados con el Deporte y el sector de Cultura, Educación y Bienestar.  

  Se trata del único imputado que el juez Castro ha citado a declarar los próximos 15 y 16 de octubre en Barcelona, adonde se desplazará una comisión judicial encabezada por el magistrado, y que también interrogará a 58 testigos entre proveedores y otras personas con presuntas vinculaciones con los negocios de Nóos.  

  Muchos de estos testigos ya fueron citados hace meses pero, por diversos motivos, finalmente no acudieron a su cita con el instructor del caso Nóos.

SE REANUDAN LOS INTERROGATORIOS  

  El juez reanudará de este modo los interrogatorios en el marco de esta pieza separada del caso Palma Arena centrada en la actividad supuestamente delictiva llevada a cabo por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres al frente del Instituto.  

  Más adelante, se prevé que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma emplace a declarar al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, después de que el pasado 14 de mayo fuese suspendida su comparecencia en calidad de testigo por problemas de agenda.

   Y es que los investigadores buscan esclarecer cuál fue el papel que el dirigente del PP jugó al frente de la empresa que presidía -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana- cuando en diciembre de 2005 firmó, por seis millones de euros, un convenio con Nóos para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos.   

 Una iniciativa que, pese a los 382.203 euros que acabó percibiendo el Instituto, nunca llegaría a celebrarse.  

  En estos momentos, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción permanecen a la espera del informe que la Agencia Tributaria está a punto de presentar así como de la respuesta de las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Luxemburgo, que prevén arrojar luz sobre el destino del dinero que desde Nóos fue a parar a cuentas bancarias localizadas en estos países.  

  Todo ello permitirá cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron Urdangarin y su exsocio para, a partir de ahí, solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.   

 Es más, del resultado de las comisiones y del informe de Hacienda, en caso de que arrojen nuevas pruebas, dependerá que el yerno del Rey Don Juan Carlos y Torres sean citados de nuevo.

   Por otro lado, Castro está estudiando citar a declarar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, cuya comparecencia ha sido solicitada por el sindicato Manos Limpias después de que el nombre de la máxima mandataria de la capital levantina haya salido a relucir en varias ocasiones durante la instrucción de la causa, más en concreto en lo que se refiere a una comida que Urdangarin mantuvo con el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, la propia Barberà y otros cargos del entorno del Duque.