El diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez prevé mantener el escaño de momento y está dispuesto --si se lo requieren-- a volver a optar a la investidura como presidente, después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instara el viernes a España a garantizar sus derechos políticos.

Su abogado, Jordi Pina, ha asegurado este lunes en rueda de prensa --donde estaba el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa-- que de momento mantendrá el escaño y que, tras hablar con él el sábado, le ha trasladado que está abierto a volver a optar a la investidura si lo considera oportuno el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La defensa ha enviado este lunes un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena --instructor de la causa por rebelión contra Sànchez-- en que le comunica las medidas cautelares que ha dictado el comité de la ONU para garantizar los derechos de Sànchez, y le han pedido que, si vuelve a ser candidato, le ponga en libertad para que pueda acudir a la investidura.

En el escrito, recogido por Europa Press, el abogado del despacho Molins & Silva solicita al instructor que, en base a la resolución del Comité de derechos humanos, "proceda, a la mayor brevedad, al pleno restablecimiento de los derechos políticos" de Sànchez, incluido su derecho a acceder a la Presidencia de la Generalitat.

Propone en primera instancia que le deje en libertad provisional, o bien que se le permita acudir al pleno de investidura en caso de ser propuesto o poder participar por videoconferencia.

"Esta defensa está absolutamente convencida de que el magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo", argumenta.

COMITÉ

El abogado especialista en derechos humanos y profesor del Graduate Institute de Ginebra, Nico Kirsch, ha explicado que el Comité de derechos humanos vela por el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluida España.

En base al Protocolo facultativo adicional al Pacto --suscrito por España en 1985--, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que vean violentados sus derechos en los países que han ratificado dicho protocolo y dictar medidas que son de obligado cumplimiento, según Kirsch.

En este caso, el Comité admitió a trámite la queja de la defensa de Sànchez y, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ha dictado medidas cautelares pidiendo al Estado que garantice sus derechos políticos: "Es muy raro que se acuerden estas medidas en casos de derechos políticos, y aún más que se haga en relación a un país de Europa Occidental".

"Refleja la preocupación del Comité por los derechos humanos y, concretamente, políticos en España conforme al tema catalán", según Kirsh, que asegura que, si un Estado no cumple, es una violación directa del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

"VIOLACIÓN" DEL PACTO

Para Kirsch, si España no cumple y no permite a Sànchez ejercer sus derechos políticos "estará violando el pacto internacional", aunque ha puntualizado que no hay sanciones económicas ni tampoco un plazo concreto para cumplir, por lo que la afectación es a su reputación internacional.

Para este experto, hay un efecto "simbólico" en la decisión del Comité que puede afectar a la imagen internacional de España al adoptarse una medida cautelar, cuando no suelen adoptarse para países del entorno europeo.

JOSEP COSTA

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat) --que ha asistido a la rueda de prensa-- ha declarado a los periodistas que, precisamente si España incumple este mandato, puede tener consecuencias en los casos de los otros procesados y especialmente en los procedimientos de extradición, al quedar frente a terceros países como un Estado que incumple mandatos del Comité.

Costa considera "que mientras estaban dinamitando el proceso de investidura" de Jordi Turull --procesado y enviado a prisión provisional antes de la segunda votación--, el Comité de la ONU les ha dado una gran victoria jurídica que tendrá efectos y continuidad en otras causas, augura.

Los comuns negociarían el nombre de un

candidato si no es de JxCat

La portavoz de CatECP en el Parlament, Elisenda Alamany, ha dicho este lunes que estarían dispuestos a negociar un candidato a la investidura si no es de JxCat: "En la línea de arrastrar las grandes mayorías diversas y transversales que existen en Cataluña, un proyecto liderado por JxCat niega esa posibilidad".

Ha recordado en rueda de prensa que el posicionamiento de JxCat y ERC sobre investir a un candidato de JxCat con apoyo de la CUP no ha cambiado, por lo que tampoco cambia la posición de los comuns de no investir a nadie de JxCat --ni de Cs--.

"Continuamos creyendo que el Govern debe traspasar bloques para abrir una época en Cataluña que puedan responder a la actitud represiva del Estado", ha dicho.

Ha insistido en que el bloqueo está en el punto del acuerdo que concreta que el candidato sea de JxCat, lo que invalida cualquier otra negociación para formar un Govern; pero ha reiterado que se plantearían dialogar "si están dispuestos a abrir ese escenario".

Sobre el Govern de concentración que plantea el líder del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado la "mano tendida" a todos lo que se abran a ampliar mayorías plurales y transversales.

Sin embargo, ha restado credibilidad a la propuesta porque la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha advertido de que el PSOE no apoya un presidente independentista: "Que nadie nos busque ahí".

"Muchas veces no es lo que quiera el señor Iceta, sino lo que el señor Pedro Sánchez le deje hacer. Ya ha salido la señora Lastra a desacreditar lo que dice Iceta", y ha insistido en acercar posturas con todos los agentes sociales y políticos.

Por eso ha celebrado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya empezado a hablar con los sindicatos, "haciendo suya" la propuesta del líder de los comuns, Xavier Domènech, que considera que ese frente debe ir desde la CUP hasta el PSC y desde UGT hasta Òmnium.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Preguntada por la propuesta de resolución que JxCat, ERC y la CUP han registrado este lunes para el pleno del miércoles y que pide 'todas las medidas necesarias para garantizar' que el expresidente Carles Puigdemont puede ser investido en el Parlament, se ha mostrado partidaria de la defensa de los derechos políticos de los diputados.

Sin embargo, ha añadido que "el pleno debe ir más allá de constatar cosas que ligan con el sentido común y tiene que hacer cosas para avanzar" como el amplio bloque que los comuns defienden.

"No se avanza con simbolismos y constataciones", ha concretado después de que este mismo lunes su grupo registrara una propuesta en la que rechaza la detención de los dirigentes independentistas, pero también insta a 'trabajar para encontrar herramientas e instrumentos necesarios para recuperar las instituciones del autogobierno, siempre edificando amplias mayorías dentro de la Cámara'.

De hecho, la portavoz de los comuns se ha mostrado confiada en que su propuesta de resolución es la que recabará más respaldos de las cinco que se someterán a debate y votación en el pleno del miércoles.