Las protestas comenzaron el 18 de abril de 2018 en un principio por una polémica reforma del seguro social pero después crecieron hasta exigir la "democratización" del país. Fueron el mayor desafío para el líder 'sandinista' en sus quince años de Gobierno.

Según cifras de la CIDH, al menos 328 personas murieron, cerca de 2.000 resultaron heridas, miles fueron detenidas y más de 100.000 tuvieron que huir de Nicaragua, incluidos más de 90 periodistas.

Con motivo de este segundo aniversario, la CIDH ha recabado el testimonio de víctimas y defensores de los Derechos Humanos que "describen una quinta etapa de represión estatal en Nicaragua" dirigida a "suspender o limitar la defensa de los derechos y los derechos a la reunión y la libertad de expresión y a ejercer la protesta social".

"A partir de este momento, nosotros entramos en una nueva etapa de represión y esto lo decimos porque han mutado sus conductas de cómo asediar, perseguir a las personas que no son afines al poder", ha dicho Carla Sequeira, una de las activistas entrevistadas por la CIDH.

Wendy Flores y Alexandra Salazar, también activistas, han indicado que "la represión se mantiene principalmente en contra de los excarcelados" y sus familias mediante el "hostigamiento" y su limitación de "los derechos a la salud, a la educación y al trabajo".

"Nosotras, como madres, no podemos salir a las calles porque somos perseguidas por la Policía. No podemos salir a pedir la libertad de nuestros hijos", ha lamentado Carmen Jirón, madre de Denis Antonio García, preso político, argumentando que su liberación es aún más necesaria "en estos tiempos de pandemia".

Francys Valdivia, hermana de Franco Valdivia, que fue asesinado en el contexto de la crisis política, ha denunciado asimismo "un aumento de los asesinatos selectivos, concentrados mayoritariamente en las zonas rurales".

Además, la CIDH ha llamado la atención sobre "los ataques a comunidades indígenas de la costa del Caribe", que "se mantienen y afectan el derecho a la tierra y al territorio, así como a la vida e integridad de personas y comunidades indígenas".

CONSOLIDACIÓN DE LOS PATRONES REPRESIVOS

El organismo regional ha alertado de que "los patrones represivos de esta quinta etapa consolidan el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas en el país desde el inicio de la crisis de Derechos Humanos". En concreto, ha reprochado la "revictimización a familiares y víctimas".

La Comisión ha reprochado al Estado nicaragüense que no ha cumplido ninguna de las recomendaciones realizadas para superar la crisis política, reiterando su llamamiento "para que sean implementadas y se restablezcan las garantías de un régimen democrático".

Hasta entonces, ha destacado "el valioso trabajo de la sociedad civil de recopilar información y contrastarla" porque "sienta las bases para próximos procesos de verdad y justicia".

"A dos años de la brutal represión de régimen Ortega-Murillo de las protestas pacíficas y democráticas, continuamos reclamando verdad y justicia, liberación de presos políticos y fin al terror y el totalitarismo", ha reclamado, por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Twitter.

Ortega ofreció un diálogo nacional a la oposición cuyo mayor logro fue la liberación de decenas de presos políticos, si bien las conversaciones han quedado suspendidas en medio acusaciones mutuas de incumplimiento. Ahora, Nicaragua se prepara para las elecciones presidenciales de 2021.