Lunes, 21 de julio de 2025
La Guardia Civil acredita un gasto de 1,6 millones en el 1-O, repartido entre 5 consejerías
La Guardia Civil entrega pruebas al Supremo contra 49 investigados por el 'procés'
La Guardia Civil ha entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe en el que aporta pruebas de 49 personas como los responsables de haber ideado y puesto en marcha el 'procés' para lograr la independencia de Cataluña. En esa lista, que encabezan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras como los "máximos responsables" de haber activado la vía unilateral, también se han incluido, además de los nombres de los entonces consejeros, los de los secretarios generales de las consejerías.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace una distinción entre los miembros del Comité Estratégico, un total de 19 y los del Comité Ejecutivo, otros 20. A ellos se suman cuatro integrantes de la Mesa del Parlament y los 12 secretarios generales de los distintos Departamentos.
Sobre estos últimos, la Guardia Civil precisa que "no hay que desdeñar" el papel que pudieron jugar ya que "todos ellos tenían conocimiento de lo que el Govern posteriormente acabaría aprobando". Y ven "indudable" que se trata de las personas "de más confianza, más allegadas a los consejeros".
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. "Máximo responsable junto a Oriol Junqueras de activar la vía unilateral" y ambos, junto a "Raul Romeva" son los "máximos resposanbles de organizar el referéndum. Participó en 6 reuniones, según la Moleskine de Jové, y de sus correos se ha comprobado que agradeció a Trapero no haber impedido el 1-O, que mantuvo reuniones con Jordi Sánchez, "parte fundamental de las movilizaciones sociales" y promovió el 'procés' en diferentes organismos y autoridades internacionales, así como a políticos infuyentes de EEUU.
Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat.- Propuso junto con Raúl Romeva y Jordi Turull el acuerdo de Govern que haría viable la ejecución del referéndum y su departamento ha sido clave en la implatanción de las estructuras de Estado, como el CTTI, el Banco Central, la Seguridad Social o la Hacienda propia.
Marta Rovira, portavoz del JxSi y secretaria general de ERC.- Suscribió por parte de ERC la hoja de ruta unitaria, participó en una decena de reuniones y Jové la rendía cuentas sobre los locales para el 1-O.
Luis María Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa del Parlamento y presidente de JxSí. Participó en al menos tres reuniones.
Ana Gabriel, portavoz de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Participó en la reunión de la WAR ROOM en la que apostó por la estrategia de la desobediencia.
Mireia Boya, presidenta de la CUP. Aplaudía las protestas delante de los hoteles donde se alojaban Policía y Guardia Civil.
Jordi Sánchez, expresidente de la ANC. Participó en una reunión en 2016 en la que se discutió la presidencia del Gobierno catalán y se le atribuye ser parte fundamental en las movilizaciones sociales.
Agustí Alcoberro, vicepresidente de la ANC.
Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. "Elevadísima implicación en la organización del 1-O" y en las movilizaciones frente a la Consejería de Economía.
Marcel Mauri, vicepresidente de Omnium.
Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), cuyos estatutos recogen como finalidad llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia.
Jordi Gaseni, vicepresidente de la AMI. Trituró en twitter el requerimiento del Gobierno a los ayuntamientos para que no participaran en el referéndum.
Eudald Calvo, vicepresidente de AMI y alcalde de Argentona.
Carles Viver, expresidente del Comisionado para la Transición Nacional, presidente del Instituto de Estudios de Autogobierno y considerado artífice de la estructura legal de la ruptura.
Josep Reniu, miembro del Consejo Asesor de la Transición Nacional. Participó en varias reuniones sobre la hoja de ruta, estructuras de Estado y declaración de independencia.
Neus Munté, fue portavoz del Govern hasta julio de 2017 y consejera de Presidencia. Participó en al menos tres reuniones.
Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Participó en una reunión sobre el referéndum.
Artur Mas, expresidente de la Generalitat. Realizó la consulta del 9-N de 2014. Con él se creó el Comisionado para la Transición Nacional y se diseñó el plan ejecutivo para la preparación de estructuras de Estado. Participó en al menos cuatro reuniones.
Carme Forcadell, expresidenta de la ANC y del Parlamento catalán. Autorizó las votaciones de las leyes de desconexión desde el año 2015 y participó en al menos dos reuniones.
Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, considerado "extraordinariamente relevante" en el procés. Participó en 6 reuniones y a su Consejería se le imputan gastos de 700.000 euros en el 1-O.
Raül Romeva, exconsejero de Exteriores y Transparencia. El decreto de convocatoria del referéndum fue aprobado a propuesta suya, de Junqueras y de Turull.
Antoni Comín, exconsejero de Salud. Junto con Josep María Jové gestionó los locales para el 1-O.
Josep Rull, exconsejero de Territorio. Asumió la responsabilidad solidaria de las decisiones colectivas y colegiadas para realizar el referéndum.
Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo. Su consejería asumió parte de la factura de Unipost para las papeletas y envíos postales del 1-O, 197.492 euros de los 979.661 euros.
Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza. Fomentó, impulsó y facilitó los medios que dependían de su Consejería para el 1-O.
Joaquim Forn, exconsjero de Interior. "Tensionó el Cuerpo de Mossos d'Esquadra llevándole a desobedecer las resoluciones judiciales, principalmente en lo relativo a evitar el referéndum".
Lluis Puig, exconsejero de Cultura. Fomentó la internacionalización del 'procés'.
Carles Mundó, exconsjero de Justicia. Participó en una reunión en la que se le atribuye haber apostado por centrar la tensión en la Ley de transitoriedad como ley de ruptura.
Santiago Vila, exconsejero de Empresa. De su correo se deduce que tenía prefecto conocimiento del riesgo financiero que corrían las empresas ubicadas en Cataluña tras la votación del 1-O. Este peligro se ocultó a la población a pesar de los estudios en los que se advertía de una posible fuga de empresas que sumaban 100.000 millones de facturación.
Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura. Se dirigió por carta al Comisiario Europeo de Agricultura en el que le comunicaba la proclamación de la independencia de Cataluña.
Joaquím Nin, secretario general de Presidencia. Juega un papel importante en la preparación y financiación del 1-O.
Josep María Jové, exsecretario general de vicepresidencia. Autor de la Moleskine conocida como 'agenda del procés' donde están recogidas todas las reuniones en las que se organizó e impulsó la independencia.
Pere Aragonés, exsecretario de Economía.
Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa por CDC. No respetó el informe del letrado mayor contra la tramitación de las leyes de desconexión, al igual que el resto de miembros de la Mesa investigados.
Anna Simó, secretaria primera.
Joan Josep Nuet, secretario tercero.
Ramona Barrufet, secretaria cuarta.
Alix Villatoro. Exteriores.
Francesc Esteve. Gobernación.
María Jesús Mier Albert. Enseñanza, fue sustituida por Luis Baulenas.
Albert Serra Martín. Salud.
César Puig. Territorio.
María Dolors Portús. Cultura.
Adriá Comella. Justicia.
Josep Ginesta. Trabajo.
Xavier Gibert. Empresa.
David Mascort. Agricultura.
La Guardia Civil ha acreditado en el Tribunal Supremo un gasto de 1,6 millones de euros en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, cuyo pago se repartió entre cinco consejerías: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura. No obstante, el instituto armado precisa que dará cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona del gasto total del 1-O.
Esta cifra es el resultado de sumar al gasto de publicidad y del Diplocat, los 979.661 euros cargados por la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. Esta empresa libró facturas a la Generalitat que la Generalitat repartió entre las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig.
El citado reparto se realizó, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, para "una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum". Para ello, estos cinco Departamentos contrataron el reparto de unas 56.000 cartas certificadas y otras 5.346.734 unidades (censo electoral) que se pretendía repartir como ordinarias.
En la parte del informe relativa a la financiación, la Guardia Civil cita expresamente a los secretarios generales de las citadas Consejerías: Josep María Jové, de Economía; Josep Ginesta, de Trabajo; Joaquín Nin, de Presidencia; Albert Serra, de Salud y María Dolors Portús, de Cultura.
La Guardia Civil también incluye las cantidades destinadas por la Consejería de Jordi Turull a la campaña de registro de catalanes en el exterior, por un total de 224.835 euros y para la campaña de publicidad de difusión del 1-O, a la que destinaron 277.804 euros.
Finalmente, los investigadores a informan al juez Pablo Llarena de dos pagos de 119.700 euros que realizó el Diplocat a la empresa The Hague Center for Strategic Studies, a la que pertenecían los observadores que acudieron para la jornada del referéndum ilegal.
En su informe reflejan que, del análisis de la documentación, se deduce que "los servicios prestados son realizados en el marco del asesoramiento que se pretendía de esa institución para el desarrollo del referéndum del 1-O, como observadores internacionales".
No obstante, la Guardia Civil explica en este documento al que ha tenido acceso Europa Press que las actuaciones que están llevando a cabo se enfocan en esclarecer los gastos de varios aspectos del referéndum, además de los mencionados. Se trata de los que se hayan realizado en publicidad, gastos directos, costes del software, páginas web, contratación de dominios, ordenadores y del call center.
A ello, añaden los derivados de los informes relacionados con la preparación del 1-O, elaborados por Carles Viver o su entorno así como otros gastos relativos a los actos de clausura, participación de artistas y fuegos artificiales.
En este sentido, explican que las líneas de investigación que están siguiendo se han visto reforzadas tras la localización de un correo electrónico remitido por Josep Ginesta vicenta a María Dolors Bassa, en el que se demuestra que el Gobierno catalán, mediante Acuerdo de todos los miembros del mismo, aprobó el gasto y las acciones necesarias para hacer efectiva la elaboración del referéndum unilateral de independencia.
Exponen, al respecto, que "todas y cada una de las acciones enunciadas en el mencionado Acuerdo estaban incluidas en las líneas de investigación planteadas" y por ello, adelantan que darán oportuna cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona de la financiación de las mencionadas acciones.
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