El juicio al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero ha concluido la madrugada de este sábado y queda visto sentencia por homicidio imprudente en el accidente del coche que él conducía en el que murieron el pasado mes de julio los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.  

  Después de cerca de once horas de comparecencias en las que han declarado, entre otros, trece peritos y ocho testigos, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en Bayamo, en el sureste de Cuba, ha declarado la conclusión del juicio, cuya sentencia será anunciada en los próximos días.  

  La fiscal, Isabel Barzaga, ha ratificado la petición de siete años de cárcel -tres años y medio por cada víctima- por el fallecimiento de los dos opositores cubanos en el accidente de tráfico. "Estamos en presencia de una persona verdaderamente temeraria", ha aducido la fiscal citada por Reuters.  

  El cónsul español en La Habana, Tomás Rodríguez-Pantoja, permanece en Bayamo, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. Sin embargo, no han podido concretar si el tribunal se atendrá a la Ley de Procedimiento Penal cubana, que establece un plazo de seis días hábiles para que los jueces dicten la sentencia o bien puedan superar dicho límite, autorizado en caso de acumulación de trabajo.  

  El bloguero oficialista Yohandry Fontana ha apuntado que, en el transcurso del juicio, el tribunal, compuesto por cinco jueces -tres profesionales y dos populares-, ha examinado "abundantes pruebas documentales, testificales y periciales" a propuesta de la acusación y de la defensa, quien pide su absolución alegando que Carromero "no iba de verdad a exceso de velocidad", de acuerdo con la emisora cubana Martí Noticias.

   En la vista oral, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, que ha mantenido la versión de los hechos realizada en la fase de instrucción, ha expresado su pesar y ha lamentado haber "perdido muchas cosas en este tiempo", aunque "no tiene comparación con el sentimiento de dolor de las familias" de los fallecidos.

OPCIONES TRAS LA SENTENCIA  

  El Gobierno cubano tiene la potestad de dejar en libertad a Carromero expulsándole del país aun cuando el tribunal que le juzga le imponga una pena de cárcel.  

  El Código Penal cubano, o Ley 62, estipula en su artículo 46.3 que el Consejo de Ministros "puede decretar la expulsión del extranjero antes de que éste cumpla la sanción principal impuesta", que se declarará "extinguida". Es decir, que Carromero podría regresar a España sin que tuviera que responder aquí de ninguna responsabilidad penal.  

  Este sería el mejor de los escenarios para el español si fuera condenado pero, en caso de que el régimen castrista no quisiera expulsarle, a Carromero le quedaría otra opción. Podría beneficiarse de un traslado para cumplir en España la condena, siempre según "los casos y en la forma establecidos en los tratados", dice la Ley 62.

   España y Cuba tienen un convenio bilateral para el traslado de personas condenadas que data de 1998 y podría aplicarse en el caso de Carromero.    Carromero permanece encarcelado, en régimen de prisión provisional, en el centro de seguridad del Estado "100 y Aldabó", en la capital cubana, desde el pasado 22 de julio, día en el que el vehículo conducido por el dirigente de NNGG se salió de la vía en el kilómetro 724 de la carretera que comunica Las Tunas con Bayamo, en la provincia de Granma.  

  Además de Payá y Cepero, en el coche también viajaba el joven político sueco Jens Aron Modig, que inicialmente fue retenido por las autoridades cubanas pero que pudo volver a los pocos días a su país. Modig alegó que dormía en el momento del siniestro y dijo tener recuerdos borrosos.

CONFÍAN EN QUE RETORNE EN NOVIEMBRE

   Familiares y amigos del dirigente de NNGG confían en que esté de regreso en España como muy tarde en noviembre, según han informado a Europa Press fuentes de su entorno que no han podido dar detalles de las condiciones del posible retorno.  

  Según las fuentes consultadas, el sector más optimista entre los familiares y amigos de Carromero espera su regreso a España "a partir del 15 de octubre" mientras que los más pesimistas, que temen que pueda haber un retraso del juicio o algún otro contratiempo, hablan de "finales de noviembre como muy tarde".  

  La defensa de Carromero contratada por su familia está integrada por un equipo de abogados del Bufete Internacional de La Habana, según han precisado fuentes de la disidencia.

   Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Cuba, José Manuel García-Margallo y Bruno Rodríguez, respectivamente, se reunieron el pasado 27 de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar, entre otros temas, la situación de Carromero.  

  El canciller cubano trasladó a su homólogo español el compromiso de su Gobierno para que la sentencia se dicte en un periodo "razonablemente corto de tiempo". Ambos ministros quedaron en volver a hablar una vez que haya sentencia final para evaluarla.

DISTINTAS VERSIONES

   Las autoridades cubanas atribuyen el accidente a la velocidad excesiva con que supuestamente conducía Carromero y, en un vídeo difundido por el Gobierno de la isla días después de su arresto, el dirigente de NNGG admitió que perdió el control del vehículo al entrar en un bache, si bien no aclaró a qué velocidad circulaba.  

  En dicha grabación, cuya veracidad ha cuestionado la disidencia cubana, Carromero pidió a la comunidad internacional que evitase utilizar el caso con fines políticos y negó que otro vehículo les golpeara por detrás.   

 La familia de Payá, sin embargo, ha alertado de un supuesto complot para matar al que fuese responsable del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y ha llegado a decir que uno de los dos supervivientes alertó a sus allegados a través de un SMS de que un coche les venía siguiendo y les embistió varias veces.

   La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, ha exculpado a Carromero de cualquier responsabilidad y ha pedido saber "la verdad" de lo ocurrido. Ni los parientes de Payá ni los de Cepero han presentado denuncia alguna contra el político español.