El comandante del Batallón 24 de Policía Militar --fuerzas especiales--, el coronel Juan Carlos Salcedo, alertó el pasado lunes en una circular interna de que la guerrilla planeaba llevar a cabo un gran atentado en la capital colombiana contra oficiales de alto rango.

   El 'cerebro' de estos planes terroristas sería la Compañía Mariana Páez del Bloque Oriental de las FARC, que en los últimos meses ya habría enviado a cinco guerrilleros a Bogotá para hacer labores de Inteligencia y recabar información sobre personal e instalaciones militares.

   De los cinco emisarios de las FARC, tres ya han sido identificados por las Fuerzas Armadas, entre ellos 'Guillermo', que incluso habría intentado atentar contra una torre de energía en Bogotá, pero sin éxito porque la carga no estalló.

   El escenario idóneo para un ataque terrorista sería el Cantón Norte de Bogotá, uno de los lugares emblemáticos por el arraigo del Ejército. Según Salcedo, este objetivos sería "muy rentable" para los objetivos de la guerrilla.

   Salcedo ha explicado que las FARC pretenden aumentar la escalada de violencia, sobre todo contra las Fuerzas Armadas, para forzar al Gobierno de Juan Manuel Santos a declarar una tregua bilateral a la que hasta ahora se ha negado.

   Así las cosas, Salcedo ha pedido a todos los miembros del Ejército desplegados en la capital colombiana que permanezcan en estado de máxima alerta.

Santos pide pruebas a HRW para acusar a

las FFAA de 'falsos positivos'

  El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha pedido pruebas a la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) para acusar a las Fuerzas Armadas de cometer hasta 3.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en los casos popularmente conocidos como 'falsos positivos'.

   "No vengan a señalarnos y a causar un daño enorme sin ninguna documentación. Esa no es la forma de vigilar por el respeto de los Derechos Humanos", ha dicho en la presentación de las tropas al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

   Santos ha traído a colación "una anécdota" sobre la forma de actuar de las Fuerzas Armadas, revelando que cuando estaban planeando la 'Operación Jaque' para liberar rehenes avistaron un grupo de entre 300 y 500 guerrilleros.

   "La tentación de hacer un ataque era muy alta. Estaban ahí, como patos, para atacarlos, pero fueron los propios comandantes los que dijeron: 'No. La legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas quedará acrecentada si lo hacemos sin una sola gota de sangre", ha contado.

   Además, ha comparado la forma de actuar de los militares, que --según ha sostenido-- atienden a "los enemigos heridos en combate" con la de "la contraparte" que "da tiros de gracia". "Esa es la diferencia que da legitimidad a nuestras Fuerzas Armadas", ha subrayado.

   El líder conservador ha advertido de que defenderá "a capa y espada" esta legitimidad. "Tengan ustedes la seguridad, señores generales, que este presidente defenderá a las Fuerzas Armadas de Colombia hasta el día en que me lleven a la tumba", ha afirmado, según la Casa de Nariño.

DENUNCIA DE HRW

   El informe 'El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles' recoge "amplias evidencias" --incluidos testimonios directos-- que constatarían que altos mandos del Ejército sabían e incluso pudieron haber ordenado dichas ejecuciones.

   La Fiscalía colombiana ha identificado hasta la fecha a más de 180 batallones y otras unidades tácticas por su presunta responsabilidad en los 'falsos positivos', pero "apenas algunos coroneles y ningún general" han sido condenados. Sí lo han sido, sin embargo, "cientos de soldados de los rangos más bajos".

   El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha denunciado que, pese a la gravedad de los delitos, los fiscales deben hacer frente a "obstáculos sustanciales" en sus investigaciones que incluyen "desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares".

   Así las cosas, HRW ha alertado de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) vigila los procedimientos abiertos y "podría" iniciar su propia investigación si considera que Colombia no está dando los pasos necesarios para depurar responsabilidades y hacer justicia. "Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, el TPI debería abrir una investigación formal", ha reclamado Vivanco.