Los alcaldes de Grecia han acordado este viernes la convocatoria de una huelga de tres días a partir del lunes en protesta contra el plan de movilidad laboral, por el cual unos 12.500 funcionarios, la mayoría empleados de los ayuntamientos, serán reubicados o despedidos.

   En una reunión celebrada en Atenas, la Unión Central de Municipalidades de Grecia (KEDKE) han acordado cerrar los ayuntamientos desde el lunes hasta el miércoles para presionar al Gobierno griego en contra de la aprobación del plan de movilidad laboral del funcionariado.

   La Comisión de Finanzas del Parlamento ha dado este viernes luz verde a la reforma. Ahora pasará al plenario, donde se debatirá el martes para que el miércoles el plan sea refrendado, según ha informado el diario griego Kathimerin.

   En medio de un gran despliegue policial, centenares de trabajadores de las corporaciones locales se han manifestado frente al hotel Caravel, donde estaba reunida la KEDKE.

CIFRAS DEL AJUSTE

   La huelga de tres días es la alternativa escogida a la dimisión en masa que algunos sectores de la KEDKE habían puesto encima de la mesa contra este plan, una de las condiciones previas de la troika --el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional-- para el desembolso del nuevo tramo del segundo rescate a Grecia de 6.800 millones de euros.

   Atenas logró reducir de 25.000 a 12.500 los funcionarios que tendrán que acogerse al plan de movilidad laboral, en las negociaciones que mantuvo la semana pasada con la troika.

   De los 12.500 funcionarios, 5.000 serán personal perteneciente a las corporaciones locales, como guardias y empleados de la limpieza, además de 3.500 policías municipales y 2.000 trabajadores del sector educativo. El resto pertenecerá a la reestructuración de los ministerios y departamentos.

   La reforma, asimismo, contempla un estrechamiento de la vigilancia presupuestaria por parte del Estado sobre las cuentas de las 325 municipalidades que hay en Grecia.

TENSIONES POLÍTICAS

   Más de un centenar de diputados de los partidos gobernantes, Nueva Democracia y Movimiento Panhelénico Socialista (PASOK), han elevado la voz de alerta por las condiciones que incluye esta reforma y las repercusiones que podría conllevar a nivel electoral, dado que ambos partidos controlan gran parte de las municipalidades.

   "Retirarla o cambiarla", ha sentenciado el portavoz del PASOK, Odysseas Kiriakopoulos. Tanto su partido como Nueva Democracia han tratado de apaciguar los ánimos de sus diputados y alcaldes, aunque sin éxito. El partido conservador, del primer ministro griego, Antonis Samaras, celebrará una reunión este lunes para abordar posibles cambios en el plan.

   El viceprimer ministro y líder del PASOK, Evangelos Venizelos, además, ha reconocido este viernes en una visita a la isla de Creta que, además de los 12.500 funcionarios que serán sometidos al plan de movilidad laboral, el Gobierno griego tendrá también que despedir este año a 4.000 trabajadores públicos pese a que la Constitución griega lo prohíbe.

   Venizelos ha admitido que muchas políticas que está llevando a cabo el Gobierno heleno son "injustas", pero ha aducido que, por retrasar la reforma del sector público durante un año, el Ejecutivo ha "perdido su credibilidad internacional".