La Fundación Dinastía --asociación benéfica que financia proyectos científicos y educativos-- y el Comité contra la Tortura han anunciado que dejarán de funcionar en el país después de haber sido consideradas como "agentes extranjeros" en virtud de una ley que se aplica a todos aquellos grupos que reciben financiación de fuera.

   El nombre de otras doce ONG ha sido incluido en la llamada "'stop-list' patriótica" aprobada el miércoles por el Consejo de la Federación, la cámara alta rusa, y enviada a la Fiscalía General para que considere si proceder al cierre de dichas asociaciones.

   Políticos opositores y activistas por los Derechos Humanos han manifestado que estos movimientos son parte de una ofensiva más amplia contra la sociedad civil y los críticos con el Kremlin que comenzó con el regreso de Vladimir Putin a la Presidencia en 2012.

   Desde el Kremlin niegan haber lanzado ninguna campaña contra las voces críticas, pero la directora para el programa ruso de la asociación Human Rights Watch (HRW), Tania Lokshina, ha afirmado que probablemente se presenten más listas de organicaciones "indeseables" en los próximos días.

AUTOCENSURA

   "Estas listas no tienen poder legal, pero sí el poder de intimidar e incitar la autocensura; con la creación de este clima de hostilidad, temor y sospecha ya han contribuido a una parte importante de esta caza de brujas contra los críticos", ha denunciado Lokshina a través de un comunicado.

   Tras la decisión de la Fundación Dinastía de cerrar sus puertas, el político opositor Alexei Navalni ha asegurado con sarcasmo en Twitter que se trataba de "un excelente, preciso y efectivo golpe por parte de los patriotas de Putin; justo en el nido de estas víboras hostiles: jóvenes físicos, matemáticos y biólogos moleculares".

   Navalni, uno de los líderes de las protestas de 2011 y 2012 contra Putin, se encuentra en el punto de mira debido a la suspensión temporal de una condena de prisión por malversación, acusaciones que muchos consideran motivadas por puros intereses políticos. Muchos críticos de Putin se encuentran encarcelados o se han marchado de Rusia.

   Algunas de las doce ONG que aparecen en la "'stop-list' patriótica" cuentan con sedes en Estados Unidos. Entre estos grupos se encuentran Freedom House, asociación por la democracia y los derechos civiles, y la Open Society Foundation, una organización que otorga diferentes becas, fundada por el inversor y filántropo estadounidense George Soros.

   La Cámara Alta rusa ha pedido al fiscal general que valore si estas doce asociaciones suponen una amenaza a la seguridad nacional en virtud de una nueva ley que permite cerrar las organizaciones con fondos extranjeros e incluso condenarlas a penas de prisión.

   Putin ha alertado varias veces de la posibilidad de que Occidente utilice las asociaciones por los derechos civiles para promover disturbios en Rusia. Konstantin Kosachev, diputado de la Cámara Alta, mostró la misma preocupación al presentar la lista en la cámara.

"AGENTES EXTRANJEROS"

   Poco después del regreso de Putin al Kremlin en 2012, el presidente ruso aprobó una ley para ajustar los controles sobre las ONG con financiación extranjera, obligando a todas las asociaciones de este tipo que se dedicaran a "actividades políticas" a registrarse como "agentes extranjeros", término despectivo que se remonta a la Guerra Fría.

   La Fundación Dinastía anunció el miércoles su decisión de echar el cierre a través de un breve comunicado en su página web. Su principal mecenas, el empresario Dimitri Zimin, ha manifestado que no está dispuesto a que la asociación funcione con la etiqueta de "agente extranjero".

   Otros grupos afectados han denunciado que estar registrados oficialmente bajo dicha etiqueta se trata de un estigma que hace imposible encontrar apoyos y colaboradores dentro de Rusia, donde también están sujetos a prolongadas auditorías oficiales. Simpatizantes de la Fundación Dinastía, que otorga becas a jóvenes estudiantes, han criticado la ley.

   El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que la decisión no tiene nada que ver con la administración presidencial y ha añadido que "la fundación podría continuar operando".

   El Comité contra la Tortura, cuyas oficinas en la región de Chechenia han sido atacadas, también ha asegurado que no está dispuesto a seguir adelante con su labor si se define a la organización como "agente extranjero"